Cada vez que se escuchan sirenas, puertas que se cierran de golpe y pasos acelerados en el barrio San Nicolás, en el centro de Cali, sus residentes, transeúntes y comerciantes ya saben lo que está pasando: otra fuga.
Algunos bajan las rejas de sus negocios, otros corren a resguardar su mercancía y hay quienes simplemente esperan, con incertidumbre, a que todo vuelva a la calma.
Es una escena que, según habitantes del sector, se ha repetido más veces de las que quisieran recordar.
El foco del problema es el Centro de Atención Transitorio (CAT), un espacio en el que se encuentran personas privadas de la libertad y que, con el paso del tiempo, dejó de ser una solución temporal para convertirse en una fuente constante de preocupación.
“Pasan corriendo por aquí y los policías detrás de ellos”, relata un comerciante que lleva nueve años en el sector y ha sido testigo de varias fugas.
La más reciente, dice, ocurrió hace más de 20 días. Desde su apertura, hace cerca de cinco años, el Centro cambió la dinámica del barrio. Techos dañados, escándalos constantes, vías bloqueadas y, a veces, caídas en las ventas, son algunas de las consecuencias que describe.
De hecho, el pasado 10 de marzo, la Personería de Cali alertó sobre un intento de fuga de una persona detenida en el lugar, tras recibir reportes ciudadanos. Según la entidad, se trató de un hombre de 33 años de edad sindicado por el delito de violencia intrafamiliar.
Ante estos hechos, el Ministerio Público activó funciones de vigilancia preventiva y solicitó información oficial para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.
Pero más allá de los episodios puntuales, lo que preocupa es la recurrencia. El gerente de una distribuidora de alimentos ubicada frente al lugar, asegura que ya ha vivido al menos dos fugas desde su negocio. En esos momentos, cuenta, deben cerrar puertas, guardar vehículos y esperar mientras se despliega el operativo policial.
“Cada vez que pasa una fuga nos toca cerrar y quedarnos atentos a lo que pase. Eso genera una sensación constante de inseguridad”, afirma.
Aunque en su caso las ventas no han sido directamente afectadas, sí advierte sobre un riesgo mayor: la integridad de las personas. “Lo que más me preocupa es que en una fuga se metan acá o pase algo más grave como un secuestro y que utilicen a alguien de rehén”.
No obstante, no todos los comerciantes viven la situación de la misma manera; mientras algunos reportan pérdidas materiales y económicas, otros han encontrado una fuente sólida de ingresos.
Una vendedora del sector reconoce que su negocio, enfocado en vender alimentos y bebidas, ha tenido beneficios debido a la presencia de familiares de los detenidos. Sin embargo, admite que el temor persiste.
“El negocio se ha movido porque vienen los familiares de los que están allá, pero igual uno vive con el susto de que algo pueda pasar”, dice.
A la preocupación por las fugas se suma otro hallazgo reciente: la presencia de drogas al interior del centro.
El pasado 23 de marzo, en un operativo conjunto entre la Policía y la Personería, se incautaron dosis de sustancias psicoactivas y material para su comercialización dentro del lugar.
El hallazgo dejó en evidencia posibles redes de distribución internas y encendió aún más las alarmas sobre el control institucional en estos espacios.
Desde la Personería han sido enfáticos en que no se pueden normalizar estas fallas y se asegura que han venido haciendo seguimiento riguroso a las denuncias y hechos relacionados con fugas y fallas en los centros de detención, bajo el entendido de que generan preocupación tanto por la seguridad ciudadana como por las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad.
“Como Ministerio Público, hemos actuado de manera inmediata. Estamos adelantando seguimiento permanente a cada uno de los hechos reportados, solicitando información oficial a las autoridades competentes y verificando en territorio las condiciones reales en las que operan estos centros”, subraya la Personería.
El objetivo, según la Procuraduría, es cerrar las brechas que están siendo aprovechadas para la comisión de irregularidades, sin dejar de lado la garantía de los Derechos Humanos de las personas detenidas.
“Hemos requerido la implementación de medidas correctivas urgentes, orientadas a fortalecer los protocolos de custodia, vigilancia y control”, informaron.
Sin embargo, para quienes viven y trabajan en ese tradicional barrio de Cali el problema va más allá de los operativos y los anuncios. Allí la sensación es que el centro de reclusión no corresponde al entorno en el que está ubicado. “Ese sitio no es para tener personas recluidas. Estamos en pleno centro de Cali, en una zona comercial y eso termina afectándonos a todos”, afirma uno de los comerciantes.
La percepción de riesgo también ha cambiado con el tiempo. Algunos negociantes aseguran que, aunque inicialmente el lugar albergaba a personas de baja peligrosidad, hoy habría detenidos de perfiles más altos, lo que incrementa la preocupación, por lo que cada vez son más frecuentes las exigencias del traslado de este espacio.
A esto se suma otra preocupación: la presencia de una chatarrería al lado del centro de detención, que, según residentes y trabajadores del sector, atrae a habitantes de calle y agrava la percepción de inseguridad.
Cabe mencionar que desde hace varios años se ha planteado la necesidad de ubicar estos espacios en zonas más adecuadas, lejos de áreas comerciales y residenciales, pero dicho proyecto no muestra avances concretos.
Un problema que dejó de ser temporal
A esa preocupación se suma otro factor que inquieta a la comunidad: el hacinamiento y el uso prolongado de estos centros, que fueron concebidos para estancias cortas, pero que en la práctica terminan albergando personas con líos judiciales por periodos extendidos.
Para los comerciantes, esto no solo incrementa los riesgos de seguridad, sino que agrava las condiciones internas del lugar. “No está hecho para tener tanta gente ahí. Se vuelve un desorden, y al final los que pagamos somos los que estamos alrededor”, comenta otro trabajador de San Nicolás.
En medio de este panorama, algunos negociantes también reconocen que la presencia institucional ha sido intermitente.
Si bien en momentos de crisis hay operativos visibles, consideran que hace falta una estrategia sostenida que garantice control permanente.
“Se necesita más presencia de la Policía, no solo cuando pasa algo. Esto debería estar controlado todo el tiempo”, señala uno de ellos.
Por su parte, la Policía afirma que el lugar cuenta con suficiente seguridad: “En el sector hay presencia policial permanente las 24 horas, con cobertura en los tres turnos. Incluso, se ha cerrado la cuadra como parte de las medidas de control”.
Sin embargo, frente a esta medida, la comunidad sostiene que el cierre de la vía termina afectándolos aún más, ya que reduce el flujo de transeúntes y golpea la actividad comercial.
“Cuando hay problemas, cierran la cuadra, no dejan pasar carros y todo se paraliza. Eso a uno le afecta porque deja de vender”, dice un comerciante.
Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali indicaron que se tienen previstas intervenciones para mejorar la infraestructura del lugar y reforzar la seguridad.
“En el segundo semestre de este año se realizarán nuevas inversiones de hasta 500 millones de pesos para hacer adecuaciones que permitan brindar mejores garantías, tanto de bienestar como de seguridad para las personas privadas de la libertad”, se indicó.
Frente al problema estructural de hacinamiento, la Secretaría reconoció que se trata de una situación heredada y que continúa en proceso de atención: “Esta Administración es consciente de la problemática de hacinamiento que encontró en las estaciones de Policía. Por ello se firmó un convenio con el Inpec, que permitió el año anterior reducir el número de personas privadas de la libertad en estos espacios”.
No obstante, se explicó que las gestiones continúan: “Este año se sigue trabajando con el Instituto para avanzar en soluciones más profundas que permitan reducir el hacinamiento”.
Así, entre versiones oficiales, anuncios institucionales y experiencias de quienes habitan en San Nicolás, el funcionamiento del Centro de Atención Transitorio continúa siendo polémico. La comunidad sigue a la expectativa de la reubicación del establecimiento y de que mejore el orden público en el sector.