El nuevo Gobierno nacional se topó con las cifras más bajas de erradicación de cultivos de hoja de coca en la última década. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 se destruyeron 5837 hectáreas, según el informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa.
A pesar de que representa una recuperación frente a las 3636 hectáreas erradicadas en el mismo periodo de 2025 y a las 2457 de 2024, este dato sigue estando lejos de los niveles alcanzados por el país hace pocos años, pues en los primeros meses de 2020 se destruyeron 54.578 hectáreas y en 2021, 40.077.
Esta caída se hizo evidente en 2023, cuando las cifras pasaron a 9409 hectáreas en el mismo periodo de tiempo y desde entonces se mantuvo en mínimos: 2457, en 2024; 3636, en 2025, y 5837 en lo corrido de 2026.
Por ello, el nuevo Gobierno recibió el desafío de revertir una tendencia que coincidió con el cambio de estrategia frente a los cultivos ilícitos.
De acuerdo con expertos consultados por El País, el presidente Abelardo de la Espriella prometió una política contundente contra las economías ilegales y puso sobre la mesa la posibilidad de utilizar mecanismos de aspersión en medio de las condiciones que establece la Corte Constitucional.
Pero el debate es si una mayor presión sobre los cultivos se puede traducir en menos dinero para los grupos armados al margen de la ley y recuperación del control territorial.
Bajas históricas
Los datos del Ministerio de Defensa muestran la magnitud del cambio: entre enero y julio de 2015 se erradicaron 6494 hectáreas, una cifra que creció hasta 28.713 en 2018 y 44.112 en 2019, antes de llegar a su punto más alto en 2020: 54.578 hectáreas.
Pero después de 2022 esta curva se desplomó. Para Néstor Rosanía, corresponsal en conflictos armados y experto en seguridad, esa reducción se debe entender en el contexto de la apuesta del Gobierno anterior por la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la Política de Paz Total.
“La erradicación estaba muy sujeta a los procesos de la Paz Total. Alrededor de la erradicación voluntaria se esperaba que hubiera una implementación de los acuerdos y los planes de desarrollo con el foco de territorio, como la sustitución de cultivos con proyectos productivos”, explicó.
El problema, según Rosanía, fue que esa transformación no alcanzó a modificar las economías territoriales que dependen de la hoja de coca. “Esos grandes proyectos nunca tuvieron el músculo y la capacidad para transformar las economías regionales. Entonces la gente sigue cultivando”.
Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, afirmó que durante el gobierno Petro no hubo voluntad política para impulsar la erradicación y que la estrategia estuvo condicionada por el propósito de no afectar las negociaciones con los grupos armados: “Yo creo que Petro evitó cualquier tipo de modelo de erradicación, precisamente para evitar la instrumentalización del campesinado que siembra coca y no dañar las negociaciones de paz en el marco de la Paz Total”.
Un problema multifactorial
La reducción de la erradicación no significa que el negocio haya perdido fuerza. Por el contrario, los especialistas coincidieron en que los grupos armados continúan encontrando en la coca una fuente de financiación y control territorial.
Según Rosanía, hay una coincidencia entre las zonas en las que se concentran los cultivos de uso ilícito y la presencia de grupos armados ilegales, así como la intensidad del conflicto.
“Nariño, Cauca y Catatumbo han sido históricamente los departamentos donde más hay cultivos y donde hay más laboratorios y donde también se siente la intensidad de la guerra”, dijo, y añadió que, si se realiza planimetría, en donde hay más sembrados es donde delinquen más grupos armados y donde más afecta la guerra.
Según expertos, esa relación tiene consecuencias que van más allá de la producción de coca: trae consigo delitos como el reclutamiento forzado, el desplazamiento y la transformación de las dinámicas de la guerra, incluyendo el uso de armamentos especializados como los drones para operaciones ilegales.
Carvajal resumió el problema desde otra perspectiva: la pérdida del control territorial por parte del Estado. “Lo cierto es que el control territorial criminal sigue estando en manos de los delincuentes. El Estado no les ha quitado ese control territorial a los actores criminales. Luego la producción sigue casi intacta en este momento”, dijo.
Las cifras de incautación de cocaína dejan ver que la lucha contra el narcotráfico también tiene otros frentes.
Entre enero y julio de 2020 se incautaron 505,7 toneladas de cocaína frente a las 984,5 toneladas del mismo periodo de 2025. Del mismo modo, en los primeros siete meses de 2026 se decomisaron 540 toneladas, de acuerdo con el informe del Ministerio de Defensa.
Para Rosanía, lo anterior ayuda a entender el motivo por el cual la discusión no se debe limitar a las hectáreas destruidas. “El enfoque de la lucha antidrogas en Colombia se ha dado en dos eslabones de seis de la cadena”, explica.
Y agrega que el país aborda un enfoque tradicional, que son los cultivos y los laboratorios, pero, para cambiar el panorama se deben tener en cuenta las rutas de transporte. Además, hizo hincapié en que el dinero se multiplica con el consumo, que es un problema de salud pública mundial.
¿El regreso de la aspersión?
En ese escenario, una de las apuestas del nuevo Ejecutivo es retomar las aspersiones, aunque con un esquema diferente al que se usó en el pasado.
Carvajal explicó que la estrategia hace parte de la interpretación de las órdenes de la Corte Constitucional para reducir los riesgos asociados a la aspersión aérea tradicional.
“Lo que hizo el Gobierno de De la Espriella inicialmente fue decir: la interpretación de la Corte es que se debe evitar la aspersión de un herbicida a alta altura con aviones livianos para evitar el daño colateral. Entonces se evita el uso de aviones livianos y se reemplazan por drones”, explicó.
Según el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, la Resolución 7 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes contempla un piloto sobre mil hectáreas, con un herbicida distinto al glifosato y otros mecanismos de aplicación.
Sobre el tema, el ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que se está avanzando en este piloto, que “es una promesa que se hizo en campaña y se hará realidad respetando absolutamente todas las reglas establecidas por la Corte Constitucional sobre absolutamente todos y cada uno de los puntos que en ella contiene”.
Sin embargo, Rosanía advirtió que el debate jurídico va a ser determinante: “Iván Duque quería volver a la aspersión del glifosato y no pudo cumplir los requisitos de la Corte Constitucional. Lo que De la Espriella ha dicho hasta ahora es que se utilizaría otro químico y una nueva tecnología. La pregunta es: ¿ese nuevo químico aplicaría los mismos requisitos de la Corte Constitucional o no?”.
Control territorial
Para Carvajal, el éxito de la nueva política no se debe medir únicamente por el número de hectáreas de coca erradicadas, sino por la afectación a las finanzas de las organizaciones criminales y por recuperar los territorios donde actualmente mandan los grupos armados al margen de la ley.
“Se debe afectar lo menos posible al campesino, que es una víctima de la cadena de producción del narcotráfico. La estrategia tiene que mantener al campesino al margen y atacar las finanzas. Eso es lo más importante: atacar las finanzas, romper los eslabones de la cadena de producción”, afirmó.
Por ello, el reto no será solamente volver a las cifras de erradicación de años anteriores, ya que Colombia ha aprobado diferentes estrategias para enfrentar la coca y ninguna ha conseguido acabar con este lucrativo negocio.
Como advirtió Rosanía, mientras la demanda internacional continúe siendo alta, la rentabilidad del narcotráfico va a seguir generando incentivos para que nuevos actores ocupen el espacio de quienes sean golpeados.
Según los expertos consultados, el Gobierno Nacional puede aumentar las hectáreas erradicadas, pero la verdadera prueba será que esa reducción sea sostenible y que esta vez también implique menos dinero para las estructuras criminales y más Estado en los territorios afectados.