Una denuncia por presunto acoso y persecución mantiene en alerta a una familia en el municipio de Dagua, Valle del Cauca.
Se trata del caso de Belén Castillo, quien afirma que desde 2022 es víctima de un comportamiento reiterado e intimidante por parte de otra mujer, situación que, según su testimonio a El País, ha afectado su tranquilidad, su trabajo y la seguridad de su hija menor de edad.
De acuerdo con la denuncia, los hechos se remontan a cuando Castillo trabajaba en una panadería ubicada en un corregimiento del municipio. Allí, una mujer habría llegado inicialmente como una clienta más. Con el paso de los meses, según relata la víctima, la interacción habría empezado a tornarse diferente, con regalos no solicitados y mensajes insistentes a través de redes sociales.
Castillo aseguró que, en un primer momento, aceptó solicitudes en redes sin imaginar que la situación escalaría. Sin embargo, cuando los mensajes comenzaron a adquirir un tono personal e insistente, decidió bloquearla en todas sus redes sociales, acción que, según su versión, no detuvo el presunto acoso.
La mujer afirma que la situación se agravó cuando la presunta agresora comenzó a rondar su lugar de trabajo y su vivienda, permaneciendo durante horas en los alrededores y observándola mientras trabajaba.
Esta conducta, según explicó a El País, generó en ella miedo constante, episodios de ansiedad y temor por la seguridad de su hija y de su familia.
Uno de los episodios más delicados ocurrió el 12 de diciembre, cuando la mujer llegó hasta la vivienda de Castillo presuntamente bajo los efectos del alcohol. Ese día, ni la víctima ni su hija se encontraban en la casa. Aun así, la mujer habría ingresado al lugar buscándola de manera desesperada, situación que quedó registrada en video.
La presunta agresora fue trasladada a una estación de Policía, pero horas después quedó en libertad.
Castillo explicó que, tras este hecho, acudió nuevamente a la Fiscalía con la intención de denunciar el presunto acoso, pero asegura que no fue posible avanzar por esa vía debido a la “ausencia de una figura penal específica que contemple este tipo de casos cuando la víctima y la señalada son mujeres”.
Finalmente, la denuncia formal que logró interponer fue por invasión a la propiedad privada, lo que derivó en una orden de protección policial. No obstante, la mujer sostiene que esta medida llegó varios días después del incidente y que no responde de fondo a la situación que dice haber vivido durante casi tres años.
En entrevista con este medio, Castillo manifestó que el impacto emocional ha sido profundo y que el temor de encontrarse nuevamente con la mujer es constante. Aseguró que vive en un municipio pequeño, donde resulta difícil mantener el anonimato, lo que habría facilitado que la presunta agresora conociera su ubicación.
La denunciante hizo un llamado a las autoridades para que su caso sea analizado con mayor rigor y pidió que se reconozca que el presunto acoso, independientemente del género, puede representar un riesgo real para la integridad de las víctimas. Asimismo, solicitó acompañamiento institucional y protección efectiva para ella y su familia.
Finalmente, Castillo envió un mensaje a otras mujeres que atraviesan situaciones similares, instándolas a no guardar silencio.