La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reveló las preocupaciones que la han llevado a pedir que se reactive la orden de captura contra alias Calarcá, quien continúa en un proceso de negociación con el Gobierno a pesar de que las evidencias indican que tendría infiltrados en organismos de seguridad del Estado y sigue delinquiendo en medio de la negociación.
La jefe del ente acusador confirmó en entrevista a El Espectador que, tras varios meses de análisis, la Fiscalía logró verificar la autenticidad y el contenido de los dispositivos electrónicos incautados en 2024 al jefe de las disidencias y a su círculo cercano.
Los hallazgos, dijo, evidencian conductas que resultan “muy graves” y que serían incompatibles con su permanencia en una mesa de diálogo.
Según la fiscal, el nuevo examen del material, que incluye chats, documentos y registros internos del grupo armado, permitió confirmar información previamente revelada por Noticias Caracol, especialmente sobre la continuidad de actividades criminales durante el proceso de negociación.
Entre los hechos más delicados se encuentran órdenes directas de homicidio, entre ellas la de un líder social, cuyo asesinato habría quedado documentado en las comunicaciones internas del grupo.
A esto se suma el reclutamiento de menores de edad y otros delitos que, de acuerdo con la Fiscalía, no solo persistieron, sino que se habrían intensificado mientras avanzaban los acercamientos con el Gobierno.
“La gravedad de estos hechos no es compatible con una suspensión de órdenes de captura en el marco de una negociación”, advirtió Camargo, al explicar las razones que sustentan la solicitud de reactivación de la medida judicial contra el jefe guerrillero.
Pero los hallazgos no se limitan a la actividad criminal de la estructura armada. La Fiscalía también confirmó la existencia de indicios sobre posibles vínculos entre miembros de las disidencias y altos funcionarios del Estado.
En particular, se investiga al general Juan Miguel Huertas y al exjefe de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, en un proceso que avanza ante una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con la información analizada, el grupo armado habría aprovechado el escenario de negociación y la suspensión de órdenes de captura para fortalecerse militarmente, ampliar su presencia territorial y consolidar redes de apoyo.
Los registros también dan cuenta de adquisición de armamento, expansión en distintas regiones del país y aumento en el número de integrantes.
El origen de esta investigación se remonta a julio de 2024, cuando una caravana de integrantes de las disidencias fue interceptada en Anorí, Antioquia.
En el operativo se encontraron armas, dinero y un menor de edad. Sin embargo, varios de los detenidos, incluido ‘Calarcá’, fueron dejados en libertad por orden de la misma fiscal Camargo, bajo el argumento de que actuaban como gestores de paz.
En ese procedimiento, las autoridades incautaron decenas de dispositivos electrónicos cuyo contenido, según la Fiscalía, permaneció sin análisis exhaustivo durante meses, hasta que nuevas revisiones permitieron dimensionar su gravedad.