La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia levantó la sesión que se desarrolló este martes durante más de cuatro horas sin adoptar una decisión definitiva sobre si impone medida de aseguramiento contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, investigados por su presunta participación en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La sesión extraordinaria, que se llevó a cabo este 6 de mayo, a pesar de que normalmente estas diligencias ocurren los jueves, fue convocada con carácter prioritario por la Sala de Instrucción ante la gravedad de los señalamientos que vinculan a los congresistas con el desvío de millonarios recursos públicos.
La decisión sobre si los expresidentes del Congreso serán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra no fue tomada en la sesión del martes.
De ese modo, se espera que el pronunciamiento se conozca en los próximos días, una vez concluya el análisis de los argumentos de la defensa y el material probatorio.
Defensa pide libertad
La defensa de Calle, encabezada por el abogado Billie Torres, solicitó expresamente que no se imponga medida de aseguramiento contra su cliente. En el documento entregado al alto tribunal, el abogado argumentó que el congresista se ha presentado de forma voluntaria a todas las diligencias judiciales, no ha interferido en el proceso ni representa un riesgo de fuga.
Torres también cuestionó la solidez de los testimonios que vinculan a Calle con el escándalo y afirmó que otros implicados, como el contratista Eduardo López Rosero y el presunto financiador Pedro Acosta, negaron haber tenido nexos con el congresista o haber presenciado hechos irregulares relacionados con él.
Desde noviembre de 2024, la Corte Suprema abrió investigación formal contra Name y Calle, tras analizar los testimonios recogidos por la Fiscalía y las pruebas reunidas durante las diligencias de policía judicial.
En su decisión, la Sala concluyó que había méritos suficientes para continuar con la indagación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y por el uso de recursos públicos en campañas políticas regionales.
Sus cargos e investigaciones
Iván Name, expresidente del Senado y miembro de la Alianza Verde, es señalado de haber recibido $ 3000 millones en efectivo provenientes del contrato de adquisición de carrotanques, supuestamente como contraprestación por apoyar la agenda legislativa del Gobierno.
En cuanto a Andrés Calle, representante del Partido Liberal y expresidente de la Cámara, la Corte investiga si recibió $ 1000 millones por los mismos motivos.
Ambos congresistas enfrentan cargos por cohecho impropio, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación ilegal de campañas políticas.
*Con información de Colprensa.