Una nueva frustración ha vivido la influenciadora Daneidy Barrera Rojas tras una vez más intentar recuperar su libertad y la reducción de su condena por hechos de vandalismo contra una estación de TransMilenio durante las protestas del paro nacional de 2019.
En ese sentido, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la extensión de la pena contra la mujer conocida públicamente como Epa Colombia, quien por orden de la Corte Suprema de Justicia, deberá pagar sus cinco años de condena en un centro carcelario.
La solicitud fue presentada por la defensa de Barrera Rojas basándose en la Ley 2477 de 2025, una norma que abarca reformas al sistema penal con el fin de descongestionar los despachos judiciales y una ampliación a los mecanismos de justicia restaurativa.
A pesar de este argumento, el juzgado concluyó que en este caso no se cumplían los requisitos legales para que se aplicara la extinción de la pena o la reducción de su estadía detrás de las rejas.
Epa Colombia cumplirá el próximo 30 de enero su primero de los cinco años de condena que inició en la cárcel El Buen Pastor y que desde el último mes de agosto permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá por motivos de seguridad y condiciones de salud, luego de que su defensa denunciará que en el centro penitenciario del Inpec estaba teniendo un notorio deterioro en su condición física y emocional.
Es de recordar que la Corte Suprema condenó a Epa Colombia por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.
Aunque el alto tribunal ha dado su respaldo a la Ley 2477 de 2025 por ser una herramienta clave para garantizar la justicia restaurativa, el juez de ejecución de penas que se encargó de la solicitud consideró que en esta ocasión los requisitos no se cumplían para que hubiera una extinción de la pena.
Desde la privación de su libertad, Daneidy Barrera Rojas ha venido radicando varias solicitudes judiciales como tutelas en búsqueda de salir de las rejas, con el principal argumento de que la influenciadora es madre cabeza de familia de una niña. Sin embargo, no han tenido éxito.
En una de esas solicitudes que la atendió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, sus magistrados ratificaron la condena porque no encontró violaciones a derechos fundamentales, ni errores judiciales que justificaran una intervención excepcional del juez constitucional.