La situación judicial de Carlos R. González volvió a tomar protagonismo luego de que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se pronunciara públicamente frente a la acusación de la Fiscalía General de la Nación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante una audiencia virtual ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, González Merchán aseguró que el documento judicial presentado en su contra no es una acusación sólida, sino un texto cargado de vacíos y falsedades.
El exfuncionario, quien se encuentra actualmente en Nicaragua, país al que salió en medio del avance del proceso, insistió en que la Fiscalía lo está ubicando como una pieza central del entramado investigado, algo que él rechaza.
Según González, el escrito de 60 páginas lo señala como supuesto “autor intelectual” dentro del escándalo que ha salpicado a altos funcionarios y congresistas. Sin embargo, la magistrada a cargo interrumpió su intervención para recordarle que ese no era el momento procesal para realizar ese tipo de manifestaciones.
La Fiscalía sostiene que González habría ordenado a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, entregar contratos millonarios a figuras del Congreso. En particular, se menciona un paquete de $60.000 millones destinado al expresidente del Senado, Iván Name, y otros $10.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
El ente investigador plantea que esta estrategia tenía como objetivo asegurar respaldo legislativo a proyectos clave del Gobierno Nacional, utilizando recursos provenientes de la contratación de la entidad encargada de atender emergencias y desastres.
De acuerdo con la acusación, la propuesta inicial habría cambiado debido a la supuesta urgencia de los congresistas por recibir los recursos de manera más rápida. Por eso, la Fiscalía afirma que los montos se redujeron a pagos en efectivo por $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.
En esa operación, según el documento judicial, habrían participado también Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Sandra Liliana Ortiz Nova, mencionados como parte del esquema de intermediación.
La Fiscalía agregó que la conducta atribuida a González genera un mayor reproche, debido a la posición que ocupó dentro del Gobierno y a la confianza pública depositada en él como uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro.
El proceso penal avanza pese a que González permanece fuera del país. La Fiscalía lo llevará a juicio por presuntos delitos como cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Mientras tanto, en la audiencia, el exdirector del Dapre reiteró que no acepta la acusación porque, en sus palabras, contiene absurdos y mentiras que no considera válidas dentro del expediente judicial.