Siete militares fueron imputados por la Fiscalía por presuntamente haberse apropiado irregularmente de recursos destinados al pago de viáticos en un batallón de operaciones terrestres ubicado en Cúcuta (Norte de Santander). Fueron judicializados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Se trata del capitán Carlos Andrés Chía Sánchez, los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín, el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega, y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.
Los hechos se remontan a entre enero y abril de 2025 cuando, según la investigación de un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander, los uniformados se desempeñaban en distintas áreas administrativas, logísticas y operacionales de la unidad militar.
Aprovechando sus cargos, presuntamente intervinieron en la elaboración, presentación y legalización de documentación relacionada con misiones de trabajo que justificaban supuestos desplazamientos a diferentes ciudades del país, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de los viáticos. De esa manera se habrían apropiado de más de 10 millones de pesos.
Durante las pesquisas, los investigadores detectaron serias contradicciones entre las actividades reportadas y los registros institucionales de las guarniciones donde supuestamente debían cumplirse las comisiones.
De acuerdo con el ente acusador, los viajes nunca se realizaron o resultaban incompatibles con las situaciones administrativas reales de los implicados.
Los siete uniformados fueron capturados en un operativo conjunto adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional, con el apoyo de Contrainteligencia del Ejército.
Las diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea en Barranquilla (Atlántico), Neiva (Huila), Villavicencio (Meta), Nilo (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander).
En las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados. Aunque el despacho judicial determinó no enviarlos a un centro carcelario, sí les impuso medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, prohibiéndoles salir del país y mantener cualquier tipo de comunicación con los testigos del proceso.
Por su parte, el Comando del Ejército Nacional confirmó la apertura paralela de investigaciones disciplinarias y administrativas internas, reiterando su política de cero tolerancia frente a hechos de corrupción dentro de la institución.
Información de Colprensa.