Ocho militares activos y uno retirado fueron capturados en diferentes regiones de Colombia por su presunta participación en hechos de corrupción, informó el Ejército Nacional. El procedimiento fue realizado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Gaula Militar, en cumplimiento de órdenes emitidas por el ente investigador.
De acuerdo con la información entregada por la institución, los uniformados son investigados dentro de un proceso por los presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público; las capturas se produjeron luego de una investigación que se extendió durante más de 18 meses y que permitió identificar, según el Ejército, posibles irregularidades relacionadas con manejos administrativos.
Entre los capturados se encuentran tres mayores y cinco suboficiales activos, además de un sargento primero en condición de retirado, según información conocida sobre el operativo.
El Ejército explicó que las órdenes de captura fueron ejecutadas como parte del proceso adelantado por la Fiscalía. La institución señaló que las labores investigativas permitieron establecer que los uniformados estarían vinculados con manejos administrativos indebidos y presuntos hechos de corrupción.
La operación se desarrolló en diferentes regiones del país y contó con la participación del Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización.
La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la alimentación de integrantes de una unidad militar. Información adicional sobre el caso señala que se trataría de partidas asignadas al Batallón Especial Energético y Vial No. 10, con hechos que habrían ocurrido durante abril, mayo, septiembre y octubre de 2024.
Según esa información, los recursos estaban destinados a beneficiar a los integrantes de un batallón ubicado en Ocaña, Norte de Santander. Las autoridades investigan si se presentó una apropiación irregular de esos recursos y si para ello fueron utilizados documentos públicos con información falsa.
¿Qué dijo el Ejército sobre las capturas?
La institución aseguró que, además del proceso judicial, fueron iniciadas las actuaciones disciplinarias y administrativas correspondientes, con el propósito de garantizar el debido proceso y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias que rodean los hechos.
El Ejército también reiteró su posición de cero tolerancia frente a actos de corrupción en los que puedan incurrir integrantes del personal militar o civil al servicio de la institución, así como frente a cualquier conducta que vaya en contra del marco jurídico, los principios y los valores institucionales.
Los uniformados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán avanzar en las respectivas actuaciones procesales y determinar su situación jurídica.
La captura no implica una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de los investigados. Las acusaciones corresponden a la investigación adelantada por las autoridades y deberán ser establecidas dentro del proceso judicial, bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
El caso representa una nueva investigación por presuntas irregularidades al interior del Ejército y se suma a otros procesos judiciales que han involucrado a integrantes de la institución.