Un campesino de 54 años de edad resultó herido luego de activar accidentalmente, al parecer, un artefacto explosivo mientras realizaba labores agrícolas en la vereda La Pampa, zona rural del municipio de La Vega, en el sur del Cauca.
La víctima fue identificada como Ariel Piamba Cruz, quien sufrió múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. Inicialmente fue trasladado al hospital de El Bordo, cabecera municipal de El Patía, y posteriormente remitido a un centro asistencial de Popayán para recibir atención médica especializada.
De acuerdo con la información entregada por familiares, Piamba Cruz se movilizaba a caballo mientras desarrollaba actividades propias del campo. En medio del recorrido habría perdido el equilibrio y caído varios metros por una pendiente. En ese momento se produjo la explosión de un artefacto que, de manera preliminar, sería una mina antipersonal.
El hecho se registró en un sector ubicado aproximadamente a 20 minutos del casco urbano de La Vega. En esta zona se ha advertido presencia de estructuras armadas, entre ellas la estructura Manuel Vásquez Castaño del ELN; sin embargo, serán las autoridades las encargadas de establecer el origen del artefacto y las circunstancias exactas de la emergencia.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan las comunidades campesinas del Macizo Colombiano por la posible presencia de minas y otros artefactos explosivos en caminos, zonas de cultivo y lugares de tránsito habitual. En marzo de 2026, tres personas resultaron heridas tras la activación de una mina antipersonal en el corregimiento de Los Uvos, también en La Vega, cuando realizaban labores relacionadas con la verificación de un sistema de abastecimiento de agua.
En esa emergencia, ocurrida cerca de las bocatomas que abastecen a comunidades de El Palmar y Los Uvos, una de las víctimas sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser evacuada mediante una operación aeromédica. El episodio generó rechazo entre organizaciones comunitarias, que advirtieron que la instalación de explosivos afecta no solo la integridad de los habitantes, sino también actividades esenciales como la gestión comunitaria del agua.
La situación no es nueva en el Macizo. En julio de 2025, el Ejército reportó la incautación de 64 minas antipersonal, además de otros artefactos explosivos, en la vereda La Esmeralda, municipio de Sucre.
De acuerdo con las autoridades, estos elementos estaban en poder de una estructura de las disidencias de las Farc y su uso representaba un riesgo para la población de municipios como Sucre, Bolívar, San Sebastián, La Sierra y La Vega.