Una grave situación de orden público y emergencia humanitaria fue denunciada por las comunidades campesinas del corregimiento de Ortega, zona rural de Cajibío, Cauca, donde, según un comunicado difundido este 13 de agosto, la población civil permanece expuesta a una serie de ataques armados desde el pasado domingo 9 de agosto.
De acuerdo con la denuncia comunitaria, durante los últimos días se han registrado hostigamientos, explosiones, lanzamiento de granadas y ataques mediante drones, hechos que los habitantes atribuyen presuntamente a estructuras armadas pertenecientes a las disidencias de las antiguas Farc, las cuales se enfrentan contra integrantes de un grupo de autodefensa campesina, la misma que busca evitar que este poblado rural termine en manos de los guerrilleros.
La situación, según los campesinos, ha generado un ambiente permanente de miedo y zozobra, al punto de obligar a numerosas familias a permanecer confinadas y buscar refugio en lugares que consideran seguros ante la continuidad de las acciones armadas. Hasta el momento, y de acuerdo con la comunidad, un soldado resultó herido, toda vez que el Ejército también está en la zona.
La comunidad advierte que entre las personas afectadas se encuentran niños, niñas, adultos mayores, mujeres y familias campesinas, población civil que no participa directamente en las hostilidades y que, según el Derecho Internacional Humanitario, debe ser protegida frente a los efectos del conflicto armado.
Uno de los principales problemas denunciados es precisamente el confinamiento. Los habitantes aseguran que algunas familias permanecen hacinadas en espacios utilizados como refugios, mientras se dificulta la movilidad y el acceso normal a servicios básicos.
La comunidad también expresa especial preocupación por los menores de edad y los adultos mayores, quienes enfrentan mayores riesgos debido a las condiciones de seguridad y a la imposibilidad de desarrollar con normalidad actividades cotidianas.
Ante la gravedad de la situación, los habitantes de Ortega hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y municipales y los organismos encargados de la protección de los derechos humanos.
Entre sus principales solicitudes se encuentra garantizar la vida, integridad y seguridad de la población civil, así como adoptar medidas humanitarias para atender a las familias que permanecen confinadas o en condiciones de especial vulnerabilidad.
También solicitaron mecanismos que permitan garantizar el suministro de alimentos, agua potable, medicamentos y otros elementos esenciales, además de corredores y condiciones de seguridad para facilitar la atención médica y humanitaria de las personas que eventualmente lo requieran.
Los campesinos pidieron, además, que los organismos competentes verifiquen, documenten e investiguen los hechos denunciados y establezcan quiénes serían los responsables de las acciones armadas.
En su comunicado, los habitantes de Ortega cuestionaron que la comunidad tenga que permanecer encerrada debido a la confrontación armada y reclamaron una presencia efectiva de las instituciones estatales en el territorio.
“Ortega no puede convertirse nuevamente en un territorio olvidado por el Estado”, señalaron los campesinos, quienes insistieron en que los niños no deberían crecer escuchando explosiones ni los adultos mayores permanecer en refugios improvisados por temor a perder la vida.
La comunidad también pidió acompañamiento permanente de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, así como de organismos de protección de derechos humanos.
Ante lo que califican como una emergencia humanitaria, los habitantes elevaron un llamado a la comunidad internacional para evitar que la violencia contra la población campesina se convierta en una situación normalizada.
En particular, las comunidades de esta parte del centro del Cauca solicitaron acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y misiones diplomáticas en Colombia.
Los campesinos plantearon la necesidad de activar mecanismos de protección y enviar misiones de observación que acompañen los esfuerzos institucionales y contribuyan a prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de la población civil.