El uso delictivo de las nuevas tecnologías para estructurar fraudes masivos transnacionales quedó al descubierto tras una minuciosa operación conjunta en el departamento del Tolima. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró desarticular una organización delictiva en la ciudad de Ibagué.
Las indagaciones, que se extendieron por un período de seis meses, contaron con el respaldo estratégico de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), el Centro Americano Contra el Cibercrimen de Ameripol y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Las autoridades desplegaron tres diligencias de allanamiento simultáneas en inmuebles que funcionaban como centros de operaciones.
El despliegue operativo permitió la captura de cinco presuntos integrantes de la red, identificados plenamente como Diana Murillo Vásquez, Johanna Murillo Vásquez, Jhon García, Sebastián Montealegre y María Cruz. Las pesquisas oficiales determinaron que los implicados habrían manipulado de forma fraudulenta a más de 500 ciudadanos.
El rango de afectación de la banda trascendió las fronteras colombianas, alcanzando a víctimas ubicadas en Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Perú, México, Ecuador y Costa Rica. El anzuelo criminal consistía en la difusión de anuncios atractivos donde se prometían supuestos permisos de residencia permanente.
La sofisticación del engaño radicaba en la implementación avanzada de herramientas de desarrollo digital. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, explicó detalladamente que la organización criminal recurrió a la inteligencia artificial, específicamente a una modalidad de suplantación avanzada conocida técnicamente como DeepFace.
Esta tecnología de punta les facilitaba alterar por completo los rostros, las expresiones, las voces y hasta los acentos en videollamadas, simulando interacciones con altos funcionarios consulares. Adicionalmente, el grupo delincuencial administraba de forma simultánea más de 100 perfiles falsos dentro de diferentes plataformas de interacción social.
El esquema automatizado empleaba chatbots para las interacciones iniciales y diseñaba meticulosamente guiones personalizados para cada víctima de acuerdo con sus necesidades. Una vez establecido el canal de confianza visual y auditiva, la red procedía a exigir cobros económicos que oscilaban entre los 500 y los 2.000 dólares.
En las inspecciones técnicas a los inmuebles, los peritos judiciales incautaron una alta suma de dinero en efectivo que incluye 330.000 dólares falsificados y cerca de 13 millones de pesos colombianos. También se detectaron dos títulos de cheques fraudulentos del Bank of America que sumaban un valor estimado de 430.000 dólares.
El inventario de la incautación sumó herramientas tecnológicas compuestas por 28 teléfonos celulares, cinco computadores, una tableta digital y documentación migratoria falsa. Como elemento particular para los montajes, se hallaron insignias, escudos oficiales, banderas norteamericanas, una toga judicial y un uniforme falso adscrito a la agencia HSI.