La violencia volvió a golpear a las comunidades campesinas del municipio de Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo, sur de Colombia. Dos personas fueron asesinadas, al parecer, en medio de una incursión de sujetos armados registrada en la madrugada de este domingo 18 de octubre en las inspecciones de Mayoyoque y Gallinazo.
Una de las víctimas fue identificada como Nancy Espinel, reconocida lideresa campesina de Mayoyoque, quien se habría destacado por su trabajo en defensa de los derechos humanos, la vida, el agua, la tierra y la protección de los campesinos de esa parte del Putumayo. De acuerdo con información preliminar conocida por habitantes de la zona, la mujer habría recibido varios impactos de arma de fuego en la cabeza.
La segunda víctima fue identificada inicialmente como Carlos, conocido en la región con el apelativo de “Caliche”. Según versiones de pobladores, el hombre trabajaba como mecánico en la inspección de Gallinazo. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre las circunstancias de su muerte ni han confirmado plenamente su identidad.
Los hechos habrían ocurrido en medio de una acción simultánea de grupos de hombres armados en varios centros poblados rurales. Testimonios recogidos de manera preliminar indican que los sujetos ingresaron durante la madrugada a Mayoyoque y Gallinazo, mientras que una situación similar habría sido reportada en el caserío de Yurilla.
Según las denuncias de las comunidades, los hombres armados recorrieron los caseríos, buscaron a varias personas y obligaron a los habitantes a concentrarse en los polideportivos de las inspecciones. También habrían retenido los teléfonos celulares de los pobladores, restringiendo durante varias horas sus posibilidades de comunicación con familiares, autoridades y organismos humanitarios.
Las versiones conocidas señalan que la población permaneció bajo presión y control de los hombres armados hasta horas de la tarde. Antes de retirarse hacia zonas selváticas, los sujetos habrían advertido a los habitantes que debían esperar al menos una hora antes de volver a encender sus dispositivos móviles.
La identidad de los responsables y su eventual pertenencia a alguna organización armada ilegal no ha sido determinada oficialmente. Tampoco se conocen, por ahora, los móviles de los homicidios ni las circunstancias exactas en las que fueron asesinados Espinel y “Caliche”.
Habitantes del sector afirmaron que la Fuerza Pública habría llegado aproximadamente nueve horas después de que los hombres armados abandonaron los caseríos. Las comunidades habrían solicitado ayuda de manera reiterada a organismos de seguridad y entidades de defensa de derechos humanos, entre ellas la Defensoría del Pueblo Regional Putumayo.
Esta situación deberá ser esclarecida por las autoridades, particularmente en relación con los tiempos de respuesta institucional y las condiciones de seguridad en las que permanecieron las comunidades durante la incursión. Los pobladores han expresado preocupación por la limitada capacidad de comunicación y reacción ante este tipo de hechos en zonas rurales apartadas.
La Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos rechazó el asesinato de Nancy Espinel y pidió a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido. La organización solicitó identificar a los responsables, investigar los móviles del crimen y adoptar medidas urgentes de protección para las comunidades y sus liderazgos sociales.
El caso genera alarma por las posibles vulneraciones a los derechos de la población civil. Las denuncias incluyen restricciones a la movilidad, limitaciones a las comunicaciones y la concentración forzada de habitantes en espacios públicos bajo el control de hombres armados.
Asimismo, trascendió que la Gobernación del Putumayo habría convocado un consejo extraordinario de seguridad para analizar los hechos ocurridos en Puerto Guzmán. Sin embargo, al cierre de esta información no se conocían pronunciamientos oficiales sobre las decisiones adoptadas, eventuales medidas preventivas o compromisos institucionales para atender la situación.
Las comunidades de Mayoyoque, Gallinazo y Yurilla esperan una respuesta de las autoridades departamentales, la Fuerza Pública y los organismos de investigación. Entre sus principales exigencias están el esclarecimiento de los homicidios, garantías de seguridad para permanecer en el territorio y acciones de prevención frente a nuevas incursiones armadas.
El asesinato de una lideresa campesina y de otro habitante de la región vuelve a poner en evidencia la situación de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades rurales del Putumayo. Organizaciones sociales y pobladores insistieron en que la respuesta institucional debe incluir medidas efectivas de protección, prevención y acompañamiento humanitario, más allá de la presencia posterior de las autoridades.
La información continúa en desarrollo y se espera la confirmación oficial de las circunstancias de los hechos, el balance de la incursión y la identificación de los responsables.