Este miercoles se conoció que Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, será imputado por graves delitos cometidos como cabecilla de las disidencias de las Farc.
La audiencia se hará efectiva a pesar de que el jefe disidente tiene suspendidas las ordenes de captura en su contra.
Hace unas semanas la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había advertido que existen elementos suficientes para reconsiderar los beneficios judiciales otorgados a su favor por continuar delinquiendo en medio de los Diálogos de Paz con el Gobierno.
En ese sentido se volvió a pronunciar en las últimas horas y aseguró que la audiencia se cumplirá este 5 de mayo en los estrados judiciales.
“Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá, conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación, que es el próximo 5 de mayo”, dijo la jefa del ente acusador.
Los delitos a imputar son desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio, y desplazamiento forzado.
La jefa del ente acusador explicó también que ya le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le pidió nuevamente replantear su permanencia en esos diálogos de paz. Esa carta aún no ha tenido respuesta.
Calarcá está amparado en la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de ‘Paz Total’, que permite suspender órdenes de captura contra integrantes de grupos armados con el fin de facilitar diálogos.
La investigación contra alias Calarcá se desarrolla en medio de un proceso creciente de judicialización de estructuras armadas ilegales que operan en el nororiente colombiano, especialmente en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por la persistencia del conflicto armado.
En este territorio confluyen intereses de diversos grupos, disputas por el control de áreas estratégicas y economías ilícitas, lo que ha configurado un panorama complejo para las autoridades civiles y militares.
Según lo revelado en audiencias recientes, el Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc mantiene una presencia activa en varios municipios del Catatumbo, donde ha protagonizado enfrentamientos con el ELN y otras organizaciones ilegales.
Las pesquisas de la Fiscalía han advertido que estas estructuras no se limitan a los combatientes armados, sino que cuentan con redes de apoyo logístico y financiero que facilitan la ejecución de acciones violentas.
En este escenario también se ha identificado el uso de intermediarios y terceros para perpetrar asesinatos selectivos en distintas regiones del país, lo que evidencia que el alcance de estas organizaciones criminales trasciende sus zonas tradicionales de operación y amplía la amenaza que representan para la seguridad nacional.
*Con información de Colprensa