Una demanda de pérdida de investidura contra el senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf fue radicada ante el Consejo de Estado por el presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-CONTROL), Juan Carlos Calderón España.
La solicitud se fundamenta en presuntas actuaciones relacionadas con tráfico de influencias, a partir de las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, sobre la supuesta injerencia de personas cercanas a la entonces primera dama en varias entidades públicas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Dicha controversia gira en torno a las afirmaciones de Ferrer sobre el papel que habría desempeñado Escaf cuando era representante a la Cámara por el Atlántico, así como su presunta relación con decisiones y movimientos dentro de organismos estatales. El proceso deberá determinar si existen elementos jurídicos para establecer la causal invocada por el demandante.
La demanda se apoya en las declaraciones de Eva Ferrer
La acción judicial fue presentada por Calderón España ante el Consejo de Estado, con el propósito de que se investigue si el congresista habría incurrido en la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.
El documento recoge las afirmaciones que Ferrer hizo en una entrevista con Vicky Dávila, publicada en la más reciente edición impresa de Semana. En esa conversación, la exasesora de Verónica Alcocer señaló a Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la entonces primera dama, como personas que habrían tenido influencia en entidades públicas durante la administración Petro.
En el escrito judicial se indica que, según lo manifestado por Ferrer, ambos hacían parte del círculo cercano de Alcocer y habrían ejercido control sobre organismos del orden nacional.
Uno de los puntos centrales de las declaraciones está relacionado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ProColombia.
Ferrer aseguró que Escaf y Fernández Alcocer habrían tenido injerencia en esas entidades y vinculó esa presunta influencia con cambios en sus equipos directivos.
“Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora (Concepción Baracaldo)”, afirmó la exasesora al referirse a la salida de quien dirigía el instituto.
En la misma entrevista, sostuvo que también salió una subdirectora del Dapre, identificada como Luz Karime Fernández, quien posteriormente llegó a ocupar el cargo de consejera de Reconciliación. Ferrer la describió como una persona cercana a Fernández.
Sobre ProColombia, mencionó presuntas presiones contra su entonces directora, Carmen Caballero, y señaló directamente a Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf y Manel en sus declaraciones.
En el periodo al que se refieren los señalamientos, Escaf se desempeñaba como representante a la Cámara por el Atlántico para el periodo legislativo 2022-2026. Actualmente, la demanda busca que se examine si las actuaciones que se le atribuyen podrían configurar una causal constitucional de pérdida de investidura.
¿Qué pruebas solicitaron?
Además de solicitar la pérdida de investidura, Calderón pidió que Eva Ferrer sea citada para rendir testimonio ante el alto tribunal y que la entrevista publicada por Semana sea incorporada como prueba.
El demandante también solicitó recibir las declaraciones de exdirectivas de las entidades mencionadas, con el propósito de esclarecer las circunstancias que rodearon los cambios administrativos y la presunta injerencia denunciada.
Entre las diligencias requeridas figura el envío de solicitudes de información a la Fuerza Aérea, la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades, para que entreguen los datos que puedan resultar pertinentes para el caso.
Adicionalmente, el veedor pidió la suspensión provisional de Escaf mientras avanza el proceso y solicitó que, al término de la actuación judicial, se le imponga la pérdida de investidura, lo que implicaría su inhabilidad para ejercer como congresista.