Las autoridades indígenas del norte del Cauca y organizaciones defensoras de derechos humanos activaron un Mecanismo de Búsqueda Urgente para localizar al adolescente Eduardo Ruda Pavi, de 14 años de edad, quien permanece desaparecido desde el pasado 15 de julio de 2026, luego de salir a trabajar en el municipio de Suárez.
La alerta fue emitida por los integrantes del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos Çxhab Wala Kiwe de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, organización que informó que el menor es oriundo del territorio indígena de San Francisco, vereda La Betulia, en jurisdicción del municipio de Toribío.
De acuerdo con el comunicado difundido por la autoridad indígena, la familia perdió contacto con el adolescente cuando este laboraba en Suárez. Desde entonces no se ha vuelto a conocer información sobre su paradero. Tras las verificaciones realizadas por la organización indígena, existe la presunción de que el menor habría sido reclutado por un grupo armado ilegal, situación que mantiene en máxima alerta a las comunidades del norte del departamento.
Ante esta situación, la Acín declaró una búsqueda de alcance zonal, regional y nacional, e hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo y a las entidades encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes para que adopten todas las acciones necesarias que permitan establecer el paradero del joven y garantizar su regreso al seno de su familia.
Asimismo, el Tejido de Defensa de la Vida solicitó el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para fortalecer las labores humanitarias de búsqueda, al tiempo que exigió a los grupos armados que operan en el norte del Cauca respetar la vida e integridad del adolescente y facilitar cualquier acción que conduzca a su ubicación.
El caso de Eduardo Ruda Pavi vuelve a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad que enfrentan las comunidades indígenas del Cauca, especialmente en municipios como Toribío, Suárez, Corinto, Caloto y Miranda, donde persisten disputas entre estructuras armadas ilegales por el control territorial y de economías ilícitas.
Organizaciones sociales han advertido en repetidas ocasiones que el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad continúa siendo una de las principales afectaciones derivadas del conflicto armado en esta región del país. Las autoridades ancestrales han denunciado que niños y adolescentes son frecuentemente objeto de presiones, amenazas y engaños para incorporarlos a las filas de grupos ilegales, situación que vulnera gravemente sus derechos fundamentales.
En su pronunciamiento, la autoridad indígena reiteró que el caso de Eduardo debe ser atendido con prioridad por las instituciones del Estado, teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad perteneciente a una comunidad indígena protegida por normas nacionales e internacionales sobre derechos de la niñez y de los pueblos étnicos.
Mientras avanzan las labores de búsqueda, familiares y líderes comunitarios mantienen la esperanza de encontrar con vida al adolescente. La Acín pidió a la ciudadanía suministrar cualquier información que contribuya a establecer su ubicación y reiteró que la protección de la infancia debe prevalecer sobre cualquier interés derivado del conflicto armado.
El caso ha comenzado a difundirse ampliamente a través de redes sociales y medios regionales con el propósito de ampliar la búsqueda y facilitar que cualquier persona que tenga información sobre Eduardo Ruda Pavi la entregue de manera oportuna a las autoridades indígenas o a los organismos competentes.