En el marco de la estrategia nacional para combatir el reclutamiento forzado de menores de edad en el suroccidente del país, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Leidy Fernanda Domínguez Hermosa, conocida con el alias de La Fercha, señalada de cumplir funciones logísticas dentro de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con la investigación, la mujer sería la encargada de administrar recursos y asignar indumentaria a las personas que eran incorporadas de manera ilegal a esta organización armada, que tiene injerencia en varias zonas del departamento del Cauca.
Uno de los hechos que sustentan el proceso en su contra está relacionado con el reclutamiento forzado de una adolescente de 16 años. Según el material probatorio recopilado por el ente acusador, la menor fue contactada en el municipio de Piendamó por un hombre que le ofreció una supuesta oportunidad laboral. Convencida por la propuesta, la joven aceptó y fue trasladada posteriormente a la vereda Pedregosa, en jurisdicción de Cajibío.
En ese lugar, presuntamente habría quedado bajo el control de la hoy procesada y de su compañero sentimental, quien sería cabecilla de la estructura armada ilegal. La Fiscalía indicó que la adolescente permaneció varios días en un inmueble del sector y luego fue llevada a zonas de injerencia del grupo para participar en reuniones internas.
El expediente señala que, con el fin de evitar que sus familiares lograran ubicarla, la menor fue trasladada posteriormente a una zona campamentaria en el municipio de Morales, donde continuó bajo control del grupo armado.
Las autoridades consideran que estos hechos hacen parte de un patrón de engaño y coacción utilizado por estructuras ilegales para captar menores de edad en territorios vulnerables, aprovechándose de necesidades económicas y sociales.
La captura de Domínguez Hermosa se realizó en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Popayán. Posteriormente, un fiscal de la Seccional Cauca la presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de reclutamiento ilícito.
Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó el cargo. Sin embargo, el juez decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar las investigaciones contra las estructuras armadas responsables del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y de llevar ante la justicia a quienes participen en estas conductas que vulneran gravemente los derechos fundamentales de la población menor de edad.