Un caso que genera preocupación por la protección de la niñez se conoció en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, donde un hombre de 66 años de edad fue enviado a prisión, señalado de presuntamente cometer actos sexuales contra una niña de siete años durante una actividad comunitaria.
El procesado fue identificado como Gonzalo Villegas, quien, de acuerdo con la información entregada por las autoridades judiciales, habría aprovechado la distracción de los asistentes a un bingo realizado el pasado 18 de septiembre para acercarse a la menor y presuntamente someterla a conductas de carácter sexual.
Según los elementos recopilados durante las labores de policía judicial, la niña habría intentado alejarse del señalado, pero este presuntamente habría insistido en su comportamiento. La situación fue advertida por ciudadanos que se encontraban en el lugar, quienes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional.
La reacción de la comunidad permitió la intervención de los uniformados, que capturaron en flagrancia al adulto y lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el correspondiente proceso de judicialización.
Posteriormente, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca presentó al hombre ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Durante las diligencias judiciales, Villegas no aceptó los cargos formulados en su contra.
Sin embargo, tras las actuaciones correspondientes, el juez determinó imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
La medida preventiva no equivale a una condena: la responsabilidad penal del procesado deberá establecerse dentro del procedimiento judicial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia sexual, así como de actuar oportunamente cuando se adviertan situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.
De acuerdo con las cifras citadas en los reportes sobre el caso, durante 2026 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses había registrado 12.732 valoraciones por presuntos delitos sexuales, de las cuales 9.711 correspondían a menores de edad. Estas cifras reflejan la magnitud de la problemática y la especial vulnerabilidad de la población infantil y adolescente.
Es importante precisar que las valoraciones medicolegales corresponden a casos examinados por el sistema forense y no equivalen necesariamente al número de condenas o de procesos judiciales concluidos.
El Instituto de Medicina Legal advierte que sus registros se refieren a presuntos hechos y que la determinación de las circunstancias y responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.
Las autoridades reiteran la importancia de reportar oportunamente cualquier situación que pueda constituir violencia contra menores de edad.
Hay que indicar que en Colombia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para solicitar protección y orientación frente a amenazas o vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En situaciones de emergencia, también puede recurrir a la línea 123 de la Policía.
Mientras tanto, la investigación contra Gonzalo Villegas deberá continuar para esclarecer plenamente las circunstancias de lo ocurrido en Tuluá y establecer su eventual responsabilidad penal.