El Gobierno del presidente Gustavo Petro entrega al país una de las transformaciones más profundas que haya vivido la educación pública en Colombia.
Durante estos cuatro años, el Ministerio de Educación Nacional trabajó para hacer de la enseñanza un derecho efectivo, ampliando el acceso y dignificando las condiciones de aprendizaje. Desde la primera infancia hasta la educación superior, el Gobierno del Cambio impulsó una reforma estructural para transformar la educación pública de la nación.
Trabajamos por la niñez del país
Uno de los principales avances fue ampliar de manera notable el acceso a la educación inicial en las instituciones educativas públicas.
En 2022, tan solo 600 sedes oficiales ofrecían los grados de prejardín y jardín. Hoy la cifra asciende a más de 6400 sedes en 771 municipios, de los cuales 300 son priorizados. No se trata de construcciones nuevas, sino de centros existentes que ampliaron su oferta. En los 300 municipios priorizados, cerca de 50.000 niñas y niños se beneficiaron de forma directa.
Esta expansión operó bajo un enfoque de atención integral. El país pasó de registrar 403.862 menores en 2022 a superar los 529.000 al cierre del Gobierno, lo que representa más de 125.000 niños adicionales.
Además, en articulación con el Icbf, más de 2 millones de niños de 0 a 5 años y personas gestantes recibieron atención integral.
La jornada escolar también se resignificó para cerca de un millón de estudiantes en 5.519 colegios públicos a través de centros de interés en arte, deporte, ciencia y cultura.
Tránsito educativo e infraestructura rural
Para superar las barreras hacia la media y superior, el programa SIMES permitió abrir grados de secundaria en más de 21 territorios. Esta estrategia viabilizó 2294 cargos docentes y logró que más de 200 mil estudiantes en zonas apartadas continuaran sus estudios.
El magisterio también vio reconocida su labor: 6792 docentes obtuvieron becas condonables, 15.890 participaron en formación continua y 106.872 educadores ascendieron o se reubicaron en el escalafón.
Frente al abandono estatal en infraestructura, se mejoraron y ampliaron 11.119 ambientes educativos y se dotaron más de 25.000 espacios con mobiliario nuevo.
En cuanto a la permanencia, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) atendió a 5,8 millones de estudiantes con prioridad rural, reforzando los controles de calidad junto a la UAPA.
Educación superior gratuita y consolidación
La educación superior pública experimentó una expansión histórica. Mediante la política de gratuidad, más de un millón de estudiantes fueron beneficiados en tres años, con transferencias de 2,9 billones de pesos solo en 2025.
La histórica reforma a la Ley 30 de 1992 garantizó 4,22 billones de pesos adicionales —un crecimiento del 35 % frente a 2022—, permitiendo que 425.096 nuevos jóvenes ingresaran a la universidad pública.
La estrategia Educación Superior en Tu Colegio llegó a 954 colegios en 427 municipios, beneficiando a más de 120.000 estudiantes con programas técnicos, tecnológicos y universitarios.
Paralelamente, el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (Pties) facilitó que 5045 jóvenes continuaran su formación, logrando que el 47,91 % de los bachilleres de 2024 accedieran a la universidad en 2025.
En infraestructura universitaria se destinaron 1,7 billones de pesos en 108 proyectos en 66 municipios de 23 departamentos.
Finalmente, el CONPES 4181 aseguró una inversión de 13,11 billones de pesos hasta 2036 para garantizar la continuidad de la infraestructura educativa nacional.