La Registraduría Nacional del Estado Civil se posiciona como una de las entidades con mayor respaldo ciudadano, de acuerdo con la encuesta Invamer de abril para Noticias Caracol y Blu Radio.

Esto ocurre en un contexto de tensión política y críticas recurrentes desde distintos sectores, incluido el Gobierno, que han cuestionado la transparencia de los procesos electorales.

A pesar de estos señalamientos, la entidad alcanza un 69,7 % de favorabilidad, ubicándose en el tercer lugar entre las instituciones mejor valoradas del país, solo superada por las Fuerzas Militares (81,4 %) y la Iglesia Católica (71,6 %).

Este resultado refuerza su papel como una institución clave para la democracia colombiana, encargada de garantizar tanto la organización electoral como la identificación de los ciudadanos.

El nivel de aprobación resulta especialmente relevante frente a los cuestionamientos recientes, incluso aquellos provenientes del presidente Gustavo Petro, quien ha insinuado posibles irregularidades sin presentar pruebas. Sin embargo, según la encuesta, la ciudadanía no ha respaldado estas afirmaciones y, por el contrario, mantiene su confianza en la entidad.

Además, algunos sectores políticos han intentado restarle legitimidad, lo que analistas interpretan como parte de disputas en el escenario previo a elecciones. Aun así, los resultados evidencian que estas narrativas no han tenido un impacto significativo en la percepción pública.

En medio de un ambiente marcado por la polarización, la buena imagen de la Registraduría se convierte en un elemento de estabilidad institucional. Su labor es esencial para asegurar procesos electorales transparentes y confiables, pilares fundamentales de la democracia.

Finalmente, la encuesta también refleja otros aspectos del panorama nacional, como la alta desaprobación del presidente y la preocupación ciudadana por temas económicos, de seguridad y corrupción. En este contexto, el respaldo a la Registraduría envía un mensaje claro sobre la importancia de preservar la confianza en las instituciones democráticas y fortalecer su funcionamiento de cara a futuros procesos electorales.