Gerardo Hernández dijo que se busca con esta medida demostrar que hay una visión de criterios muy distinta a la del procurador Alejando Ordóñez.

El superintendente Financiero, Gerardo Hernández, presentó este miércoles el recurso de reposición ante el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en donde le solicita que revoque la decisión por medio de la cual lo destituyó e inhabilitó por 12 años. En el escrito el funcionario también pide ser absuelto de los cargos disciplinarios. La determinación del Ministerio Público responde a una presunta omisión en el actuar del superfinanciero dentro del proceso de negociación de la acción de Fabricato, donde el jefe del Ministerio Público consideró que Hernández incurrió en una falta disciplinaria por no suspender la acción de Fabricato y por no denunciar penalmente la posible manipulación para elevar el precio de la misma. Sin embargo, Hernández calificó la decisión como “desproporcionada” y “subjetiva” y aseguró que para la fecha que Ordóñez toma en consideración (18 de julio de 2012), no existían elementos suficientes e información “tecnicamente contundente” que hubiera motivado la suspensión de la acción. El superfinanciero efectuó la denuncia en noviembre de 2012, es decir; tres meses más tarde, por lo que señaló que “no se trata de un caso de omisión, sino de un caso de retardo que de ninguna manera afectó el proceso penal que en este momento se adelanta de manera precisa”. “Con la información que nos dieron el 18 de julio no había elementos suficientes para suspender la negociación de Fabricato. No se reunían los elementos propios de tipo penal para denunciarlo en su momento” lo que hubiera ocasionado un pánico financiero, aseveró Hernández. “El Procurador cree que esas medidas debieron haber sido tomadas tres meses antes” lo que habría sido “anticipado e inoportuno. Eso es todo lo que está en juego”, agregó. Aunque Hernández se mostró tranquilo por la decisión que pueda tomar el Procurador, quien deberá resolver el recurso en 20 días hábiles, dijo que el fallo puede tener una “incidencia muy grande” hacia el futuro en la supervisión financiera en Colombia. Finalmente, señaló que “no queremos pensar que hay razones de orden política en la decisión del Procurador, esperamos que nuestros argumentos se valoren, confiamos en que este proceso se va a dar conforme a la Ley”.