En Colombia, los contratos por prestación de servicios han sido durante años una figura ampliamente utilizada en el sector público y privado, especialmente como alternativa a los vínculos formales. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, el panorama para miles de trabajadores podría cambiar de manera significativa.
La reforma laboral aprobada este año establece un límite máximo en la duración de los acuerdos por prestación de servicios y abre la puerta para que estos se transformen en contratos a término indefinido, siempre que se cumplan con determinadas condiciones.
La normativa dispone que, una vez un contrato de este tipo alcanza los cuatro años consecutivos, la relación laboral debe dejar de considerarse temporal. En ese momento, la empresa está obligada a modificar el vínculo y reconocerlo como indefinido, garantizando al trabajador los derechos y prestaciones sociales que corresponden a un empleo formal.
De esta manera, el Gobierno busca reducir la inestabilidad laboral y evitar que las entidades utilicen esta modalidad como un mecanismo para evadir el pago de seguridad social y demás obligaciones.
El paso de un contrato por prestación de servicios a uno indefinido no ocurre de manera automática. Según la ley, el trabajador debe demostrar ante el Ministerio del Trabajo que la empresa ejerció control sobre sus funciones, el tiempo y la forma en que se llevó a cabo la actividad.
Esto implica evidenciar que el contratante establecía horarios, impartía órdenes, supervisaba las tareas y evaluaba el desempeño. En otras palabras, que existía una subordinación similar a la de un contrato laboral común, lo cual desnaturaliza la figura de la prestación de servicios.
Una vez realizada la conversión del vínculo, los empleados podrán acceder a las características propias de una relación formal. Esto incluye prestaciones sociales, cotizaciones completas al sistema de salud y pensiones, y el derecho a la estabilidad laboral reforzada en los casos en que sea aplicable.
Esta protección especial impide que las empresas desvinculen de manera arbitraria a personas en situación de vulnerabilidad, como trabajadores con discapacidad, mujeres embarazadas o quienes estén próximos a pensionarse.
La medida busca frenar lo que expertos califican como un abuso en la contratación por prestación de servicios, utilizada de manera recurrente para cubrir puestos permanentes sin brindar garantías plenas a los empleados.
Con la reforma, las empresas deberán ajustar sus prácticas de contratación, mientras los trabajadores cuentan con nuevas herramientas legales para reclamar estabilidad en su empleo.
La implementación de la Ley 2466 se considera un paso hacia la formalización laboral en el país, aunque también plantea desafíos en términos de fiscalización y cumplimiento, especialmente en sectores donde esta figura contractual ha sido predominante.