Se aproxima el 20 de julio, fecha en la que inicia el segundo periodo legislativo en el Congreso de la República. En esta nueva etapa, el gobierno del presidente Gustavo Petro intentará presentar el paquete de reformas pendientes que no lograron aprobar durante el primer semestre del año.
Ante el inminente trámite de estas reformas, agremiaciones y académicos empiezan a abordar diferentes preocupaciones alrededor de estos proyectos legislativos. Así lo hicieron los Observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana, que plantearon varias recomendaciones para el articulado que se radicará en el Congreso.
En el documento revelado este lunes 17 de julio, investigadores de la institución ponen sobre la mesa al menos 12 propuestas para la reforma laboral. Una de las sugerencias es definir salarios mínimos diferenciados para las localidades del país, con el fin de incentivar el empleo en las regiones con mayor informalidad, desempleo y vulnerabilidad, así como brindar una remuneración mínima más equitativa con los costos de vida que también varían entre municipios.
Según reseñan los investigadores de la Javeriana, la idea sería “establecer incrementos anuales al salario mínimo mensual legal vigente de manera diferencial, de acuerdo con la categorización de municipios y distritos que prevé la Ley Orgánica de Presupuesto y los tamaños de las empresas”.
Otra proposición, también con relación al sueldo de los trabajadores, sugiere que se establezca el salario mínimo integral a partir de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, que en 2023 equivalen a 3.480.000 pesos. “Esta medida aumenta el ingreso mensual de los trabajadores, les da una mayor libertad para el manejo de sus ingresos”, dicen los autores del documento.
La cuarta propuesta tiene que ver con las cotizaciones de seguridad social por debajo de un salario mínimo, que actualmente no se permiten en el país. Por eso, los académicos aconsejan establecer las cotizaciones a seguridad social “para trabajadores que perciben mensualmente menos de un salario”.
Un planteamiento que también llama mucho la atención es “mensualizar el pago de cesantías y recargos”, lo que posibilitaría a los empleadores y trabajadores pactar el pago mensual de las cesantías, así como los intereses a las cesantías y la prima que los empleados reciben a mediados y a final de año.
Entre las propuestas también se destacan la creación de un seguro de desempleo universal que brinde protección a todos los trabajadores que lo adquieran, incluyendo a aquellos con ingresos laborales mensuales inferiores a un salario mínimo, y la creación de un Sistema Unificado Trámites Laborales y de Seguridad Social con el fin de unificar las planillas de autoliquidación y el pago de aportes a la seguridad social y el Sistema de Afiliación Transaccional.
Este último permitiría realizar todos los trámites de afiliación, reporte de novedades y pagos en un solo lugar, evitando la multiplicidad de formularios y sucursales, y brindar mayor eficiencia y seguridad para trabajadores, empleadores y contratantes.
El documento de los Observatorios Fiscal y Laboral de la Javeriana también pone en consideración algunas propuestas en torno a grupos de trabajadores específicos. En este capítulo se aborda la regulación de trabajadores de plataformas, migrantes, trabajadoras del hogar, vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales, así como los problemas de la población LGTBIQ y las necesidades de la población rural.
De igual manera, los académicos sugieren establecer medidas para la equidad de género, como un ranking público de empresas y sindicatos con la participación de mujeres en órganos directivos, así como las diferencias salariales por cargo en las empresas e incremento de la licencia de paternidad.
De hecho, sobre esta última sugiere que haya un incremento gradual de la licencia de paternidad dos años después de entrada en vigencia. La variación sería de una semana adicional por cada año hasta alcanzar las 12 semanas.