La junta directiva de Ecopetrol enfrentó un complejo dilema durante su sesión del jueves 19 de marzo en Bogotá, sin lograr adoptar una decisión definitiva sobre la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de la compañía.
Aunque el encuentro estaba programado desde comienzos de año, un asunto que no se podía pasar por alto terminó dominando la agenda: la situación jurídica del directivo, quien afronta un proceso tras la imputación de cargos por presunto tráfico de influencias de servidor público, decisión posteriormente avalada por la Fiscalía General.
La reunión, realizada a puerta cerrada, se prolongó más de lo previsto y se extendió hasta altas horas de la noche.
Ecopetrol, cuya mayoría accionaria pertenece al Estado, cotiza en bolsa tanto en Colombia como en Nueva York, lo que implica el cumplimiento de estándares regulatorios que, en un contexto como el actual, son difíciles de cumplir.
De un lado, el Gobierno ha mantenido su respaldo a Ricardo Roa, postura que ha sido acompañada por la mayoría de la junta. En esa línea, la decisión preliminar ha sido profundizar el análisis, bajo el entendido de que una imputación no equivale a una condena.
Sin embargo, también pesan las obligaciones que se derivan de su condición como emisor extranjero privado en la Bolsa de Nueva York, lo que la somete a las estrictas normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), particularmente en materia de transparencia financiera y gobierno corporativo.
En este escenario, la protección de los inversionistas adquiere especial relevancia, por lo que cualquier decisión de la junta respecto a la situación de Roa podría acarrear consecuencias significativas.
A ello se suma la presión de actores internos. La Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos más influyentes del país, ha reiterado en los últimos días su solicitud de retiro del directivo. En la misma línea, la Asociación de Amigos de Ecopetrol, a través de su vocero Luis Carlos Orejarena, ha insistido en que el asunto no puede tratarse como un tema menor.
Según estas organizaciones, la permanencia de Roa en el cargo afecta la valorización de las acciones de la empresa, con impacto tanto para el Estado como para más de 250 mil accionistas minoritarios, entre ellos fondos de pensiones.
Con todos estos elementos sobre la mesa, la Junta decidió aplazar la definición y retomar la discusión el martes 24 de marzo. Entre las alternativas que se barajan están solicitar la renuncia del Presidente, concederle un permiso temporal mientras resuelve su situación jurídica, o ratificar su continuidad en el cargo.