La ley de rescate fiscal es una verdadera prueba de fuego para el gobierno de Abelardo de la Espriella, no solo porque es su proyecto bandera, sino que además este no ha sido bien recibido, incluso por bancadas a su favor. Este es el tortuoso camino que le espera en el Congreso y los caminos que tiene para lograr a buen puerto.
A menos que logre un acuerdo, el gobierno nacional podría pasar del cielo al infierno en materia legislativa en las próximas semanas: de festejar la aprobación relativamente fácil de la ley de sometimiento pasaría a tener que luchar contra varios obstáculos para que se apruebe la ley de rescate fiscal, que es esencial para la actual administración.
Empezando por el poco tiempo que tiene para su aprobación, pasando por el poco respaldo popular que existe para la iniciativa y llegando a la falta de entusiasmo que existe en el legislativo para la iniciativa, el gobierno nacional va a necesitar más que un mensaje de urgencia para lograr llegar a buen puerto la reforma que califican como “necesaria y urgente”.
Se escapan los apoyos de aliados
La coalición del gobierno en el Congreso está conformada por varios partidos que se declararon en favor de Abelardo de la Espriella desde su llegada a la Casa de Nariño. Sin embargo, varios ya expresaron sus reparos ante este proyecto.
El Centro Democrático es uno de los grandes aliados del gobierno que ya expresó su inconformidad, luego de una reunión de la bancada realizada en la ciudad de Bogotá. Allí, el expresidente Uribe lanzó varias pullas ante lo que calificaron como “un consenso” de todos los congresistas de que esta ley es insuficiente y debe modificarse.
“Hubo un consenso en que el ahorro que propone el Gobierno es muy poco, hay que aumentarlo sustancialmente, eliminando entidades que tienen duplicidad, haciendo fusiones, etc”, indicó.
Pero la inconformidad es total desde el Centro Democrático, ya que cuestionaron como el proyecto del Gobierno es “tímido y corto” en lo que respecta al impulso de la inversión privada en Colombia y además expresaron sus preocupaciones de que el aumento del IVA podría afectar gravemente a sectores populares.
Al cierre de esta edición, se espera que la reunión prevista para este sábado entre el gobierno y sus bancadas en Barranquilla ayudara a buscar un consenso con todos los partidos que apoyan en el Gobierno.
Las bancadas ya tienen listas sus contrapropuestas, pero el Gobierno no ha mostrado por ahora interés de apartarse del proyecto original.
Dependiendo del resultado de esta reunión, esta bancada, según el expresidente Uribe, no descarta iniciar otros caminos al proyecto del gobierno como “el ajuste al proyecto y otros de sustituir el proyecto por una reforma profundamente estructural”.
Al Centro Democrático también se uniría la bancada de los congresistas del partido Liberal, que, tras una reunión de la bancada realizada en las últimas horas, también se opondrían al proyecto.
Pese a que entienden la crisis fiscal en el país, en esta bancada tampoco ven con buenos ojos el aumento de los impuestos a varios productos de la canasta familiar como café, azúcar o aceites, afectando la vida de los estratos bajos.
Aunque aceptan que se necesita un recorte en el estado, señalan que se deben buscar otras herramientas para no afectar ni a los sectores populares, como tampoco a la inversión territorial.
Bajo este panorama de no contar con el apoyo de los del Centro Democrático ni los del Partido Liberal, sumado a voces en contra del mismo partido de Salvación Nacional como la representante Carol Borda, ya advierten de un resultado negativo en el proyecto del gobierno.
Caminos urgentes
Además del problema principal de que el Gobierno no cuenta aún con consenso a favor de la reforma, la ‘espada de Damocles’ sigue siendo la falta de tiempo, pues al proyecto le quedan ya solo seis semanas hasta el 16 de diciembre, para ser aprobado en sesiones ordinarias. Y apenas algunos días más de sesiones extraordinarias si se quiere que rija para la vigencia fiscal de 2027.
El gobierno ya radicó el mensaje de urgencia, para que luego de que se presente el informe de ponencia, se le dé prelación en la agenda del día para iniciar las discusiones en las comisiones económicas de hacienda y Crédito, tanto en Cámara como en Senado.
“La prolongación del trámite legislativo ordinario reduciría la capacidad preventiva de la norma, pues permitiría que continúe el crecimiento ineficiente del gasto, se agrave la presión presupuestal por el incremento en el servicio de la deuda y se comprometa la sostenibilidad del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señaló el presidente a los presidentes del Congreso.
Un informe revelado por Orza Relacionamiento Estratégico y Rodríguez Piedrahita Derecho Tributario proyecta que el calendario iniciaría la próxima semana con la designación de ponentes y la construcción de la ponencia que ocuparía todo el mes para su radicación. Luego, la aprobación en primer y tercer debate se daría en las dos primeras semanas de diciembre; mientras que el tránsito a plenarias, con su radicación y aprobación, quedaría para la segunda mitad del mes.
Los antecedentes tampoco juegan a favor, ya que el estudio revela que las reformas tributarias y leyes de financiamiento recientes han tardado entre 33 y 85 días desde su radicación hasta la presentación de la ponencia para primer debate.
En este caso, el proyecto, radicado el 29 de octubre, estaría alrededor de los 48 días de estudio si se aprobara antes de concluir las sesiones ordinarias.
Las iniciativas de Duque en 2018 y 2019 necesitaron sesiones extraordinarias para completar su aprobación, mientras que la reforma de Petro de 2022 se aprobó en sesiones ordinarias y su Ley de Financiamiento de 2025 terminó archivada.
Según el estudio, el principal reto del gobierno es tender puentes de consenso y sostener las mayorías, ya que estas serán vitales para que el proyecto pueda llegar vivo hasta la casi necesaria citación de sesiones extraordinarias después del 16 de diciembre, o de lo contrario quedaría sin tramite.
En este punto, el gobierno De la Espriella se enfrenta a un gran reto y es la llegada de Alejandro Ordoñez como ministro del Interior, que tendrá la misión de evitar la pérdida de votos los partidos oficialistas y, simultáneamente, construir acuerdos con los independientes, pese a las inquietudes que ha generado su nombre, en cuanto a su capacidad para tender puentes y generar consensos.