El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV) se unió al rechazo gremial contra el decreto 0338 de 2026 que adoptó el Distrito de Buenaventura y con el cual se implementa un cobro adicional para el transporte de carga que circule por el puerto.
Juan Manuel Sanclemente, director del CIEV, solicitó al Distrito la derogatoria de esta medida que establece un denominado “precio público por circulación” de $4.235 por tonelada de carga transportada desde o hacia los terminales portuarios de Buenaventura, lo que encarece el comercio exterior y puede afectar la actividad productiva, la inversión y la generación de empleo.
“El CIEV cuestiona la legalidad del cobro por su carácter obligatorio, su posible naturaleza tributaria sin habilitación legal, la interferencia en competencias nacionales y las cargas de recaudo impuestas a las sociedades portuarias”, aseguró el directivo en un comunicado.
El Comité Intergremial y Empresarial argumentó que Buenaventura es un activo estratégico nacional, utilizado por más de 17.700 empresas de 31 departamentos y que por sus terminales ingresan materias primas para la producción de alimentos, la industria y la construcción, y salen exportaciones agroindustriales y manufactureras.
“El sobrecosto puede trasladarse a toda la cadena productiva y a los hogares, incentivar el desvío de carga hacia otros puertos y afectar el empleo y los ingresos de los bonaverenses. Además, esta medida sienta un precedente preocupante, pues su adopción en otros municipios podría multiplicar los cobros por tonelada a lo largo de los corredores logísticos del país”, insistió el gremio.
Para los empresarios, esta decisión resulta contraria a la necesidad de reducir los costos y tiempos logísticos del corredor al Pacífico. Además, consideran que, en un entorno de creciente competencia entre puertos nacionales e internacionales, encarecer la movilización de mercancías puede incentivar el traslado de carga hacia otras terminales, debilitar el atractivo de Buenaventura para nuevas inversiones y comprometer oportunidades de empleo e ingresos para sus habitantes.
“El sector gremial y empresarial reconoce la urgencia de atender las necesidades de infraestructura, movilidad y bienestar del Distrito. Sin embargo, su financiación debe construirse con una visión integral que evalúe los efectos sobre la economía local y nacional”.
Para los empresarios, la prioridad debe ser acelerar el dragado del canal de acceso, Mulaló-Loboguerrero, el acueducto, las intervenciones del corredor Buga-Buenaventura, junto con mejoras en seguridad y eficiencia operativa.
Por estas razones, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle solicitó a la Alcaldía Distrital derogar el Decreto 0338 de 2026 y abrir un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional, la Gobernación, los gremios, los generadores de carga, los transportadores y las terminales portuarias. “El propósito debe ser concertar alternativas que permitan financiar las inversiones que Buenaventura necesita, sin imponer nuevas barreras al comercio”.
Gremios como Colfecar, Fedetranscarga, la Federación Nacional de Cafeteros y Fenavi ya hicieron pronunciamientos similares sobre la preocupación del impacto del decreto en la competitividad de Buenaventura.
Incluso, el Ministerio de Transporte ya se pronunció en contra de esta iniciativa.