El Distrito de Buenaventura, a través del decreto 0338, implementó “un precio público por circulación” para el transporte de carga, hecho que ha generado el rechazo de empresarios, gremios y hasta del Ministerio de Transporte.
El País habló con Edison Bioscar Ruiz, jefe Jurídico de la Alcaldía de Buenaventura, quien aseguró que la medida sigue, pese a los cuestionamientos, y entrega las razones para que esta siga vigente.
La norma indica un cobro por tonelada de carga de $4235 por tonelada, lo que implica que por cada 35 toneladas que entren o salgan en un camión se tendría que cancelar unos $150.000, según cálculos gremiales.
¿El decreto 0338 está vigente en este momento?
Sí, está vigente, está sancionado, no lo hemos empezado a operar porque estamos organizando unas reuniones con las sociedades portuarias para hacer los convenios de recaudo. El decreto nadie lo ha tumbado ni lo han declarado nulo, tiene soporte legal, no es un invento de la alcaldesa, al contrario, es un descubrimiento que hicimos desde el punto de vista constitucional y jurídico para resolver nuestros propios problemas de congestión. Está soportado en el numeral quinto, del artículo 33 de la ley 1753 del año 2015, modificado por el artículo 174 de la ley 2294 del año 2023.
¿Esto es un impuesto?
No es un impuesto, tampoco es una tasa, es un precio público por circulación en el territorio. Así como cuando usted paga por circular en el día de pico y placa.
Esto no lo paga el transportador ni el camionero, lo paga el generador de carga, el exportador o el importador. El estudio que hicimos, hecho por expertos, lo que arrojó fue que la congestión en Buenaventura la genera la carga. Entonces es la carga o el dueño de la carga el que asume este precio.
Gremios que han rechazado la medida dicen que Buenaventura, con más costos, está perdiendo competitividad... ¿Qué opina?
Esto no va a generar pérdida de competitividad. Lo que genera la falta de competitividad son los trancones de 14, 20 y hasta 36 horas en la vía. Eso sí que genera competitividad. La carga no irá para otra parte, porque tendrían que recorrer 500 o 600 kilómetros para llegar a otro puerto. Y eso sí que genera costos.
¿Quién va a recaudar este precio por circulación?
Se va a recaudar a través de las sociedades portuarias. ¿Por qué? Porque las mercancías de exportación y de importación, todas, tienen que pasar por los terminales; entonces se aprovecha la infraestructura que tienen los terminales para hacer este cobro.
Se harán los gastos necesarios para la tecnología y la estructura que necesiten las sociedades portuarias para aplicar este precio. Entre otras cosas, porque las sociedades portuarias van a cobrar también una comisión por ese trabajo. Eso no es gratuito.
Esto, como lo ha dicho nuestra alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, es para resolver los problemas de Buenaventura. Es para tener una actividad portuaria fuerte y robusta, garantizar a la comunidad la movilidad, que usted no se gaste 14 horas en una ambulancia para llevar a un paciente a Cali.
¿Cuándo empiezan a cobrar y cuántos recursos esperan recaudar?
Nosotros tenemos la esperanza de recoger $30.000 millones por año para hacer obras, obras en cinco años que se van a pagar durante 30 años, más o menos.
Empezaremos a cobrar una vez tengamos los convenios con las sociedades portuarias, pero quiero que le quede claro a la comunidad que no es el transportador, no es el camionero el que va a pagar este precio público, es el generador de la carga, el dueño de la carga. Y no es un impuesto, es un precio público que se paga por un servicio.
¿Qué obras se tienen proyectadas?
El estudio arrojó varias obras, unas intersecciones entre la vía Simón Bolívar, la Cabal Pombo y la vía alterna interna. En este momento, si usted sale de cualquiera de los terminales y quiere hacer un retorno, se gasta dos horas porque no hay vías de intersección para extraer los camiones que nos permitan pasar de una a otra, de la Cabal Pombo a la Simón Bolívar y de la Simón Bolívar a la vía alterna interna.
No tenemos viaductos, no tenemos puentes, no tenemos pasos deprimidos o hundimientos. Entonces, todas esas obras son las que contempló el estudio. Insisto, esto no es improvisado, esto es un estudio que se hizo en el 2024.
¿Por qué todo lo que tiene que ver con Buenaventura se le pone problema?, en lugar de ayudar. Qué bueno que hubo una alcaldesa que vio lo que otros no vieron. Qué bueno que hay un equipo jurídico y financiero que está viendo posibilidades de resolver problemas sin estar lamentándose, sin estar llorando y sin estar diciendo que tenemos una deuda histórica.
Varios gremios, como el Comité Intergremial del Valle, han pedido que se derogue la norma; ¿qué decirles a ellos?
El llamado que les hacemos es que nos ayuden a resolver un problema de movilidad, que apoyen a la alcaldesa.
Pero no aceptemos esa petición, porque además estamos soportados en la ley y porque estamos resolviendo un problema que es de todos. Mañana, cuando se hagan las obras, van a ver cómo Buenaventura será más ágil y la actividad portuaria va a ser más fuerte. Necesitamos que nos ayuden, que nos acompañen, que no le digan no a todo lo que Buenaventura plantea para resolver sus propios problemas.
¿Cuántas mulas pasan diariamente por Buenaventura?
El estudio que hicimos arrojó que entre 3.500 y 4.000 mulas diarias entran y salen, y proyectamos que en unos 25 años van a ser más o menos 10.000 a 12.000 mulas. Imagínense hoy con 3.500 el caos que tenemos, cómo será con 10.000 mulas si no hacemos las obras, si no hacemos planes para la descongestión.