En los últimos siete años se han desmantelado unas 130 entidades ilegales, las cuales han captado de manera irregular unos $5,6 billones, dice el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.

A muchos colombianos no deja  de sorprenderles la recurrente aparición de empresas captadoras ilegales de dinero, conocidas popularmente como pirámides,  cuando el  Gobierno Nacional ha dicho que ha incrementado el control y la vigilancia de esas entidades.

Muchos se preguntan, ¿será  acaso que tales controles son insuficientes o que a las autoridades responsables les quedó grande  la vigilancia de dichas organizaciones?

La respuesta que da el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, el hombre que lleva sobre  sus hombros esa responsabilidad, va más allá de simples números.

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Sostiene que se trata de un negocio que mueve mucho dinero y que se crea en cualquier esquina o garaje, sin que sea detectado con facilidad.

Solo para citar un ejemplo, el año pasado la Supersociedades intervino cinco captadoras ilegales que movieron $246.000 millones.

Desde el 2008, año en el que se desmanteló  la firma DMG, se han intervenido más de 130 entidades, las cuales facturaron  alrededor de $5,6 billones, un poco menos que la venta que dejó la energética Isagén.

Ponerle fin a esa actividad ilícita en el país es uno de los retos de Francisco Reyes. Otro gran desafío es el de  cerrar la investigación del Grupo Interbolsa.

En diálogo con El País, este bogotano, quien completó año y medio al frente de la Supersociedades, cuenta más detalles.

¿Cuál fue la medida que se adoptó la semana pasada para frenar las llamadas pirámides?

Se trata del Decreto 024 de enero de este año, que pretende  distinguir las entidades de multinivel legítimas, que actúan de acuerdo con la ley y que cumplen con las normas vigentes, de las que utilizan este tipo de esquemas para   captar de manera  ilegal recursos del público.

Vamos a  poner en cintura a los que actúan indebidamente. Les vamos a seguir pisando los talones.

 Claves del  Decreto

Respecto de los beneficios económicos: la  norma establece  que el solo hecho de vincular nuevas personas a la red comercial de la actividad, no podrá dar lugar a compensaciones económicas de ninguna naturaleza.

Que los planes de compensación se encuentren a disposición de los vendedores independientes de manera permanente en oficina abierta al público y en la página web de la sociedad.

Se suspenderá la actividad de comercialización en red por parte de la Superintendencia de Sociedades cuando se compruebe la realización de negocios no autorizados, en aras de proteger el ahorro del público. La medida se hará efectiva sin perjuicio de que se interpongan recursos durante su vigencia.

El objetivo de esta reglamentación es generar mayor transparencia en las ventas directas, promover la defensa de los derechos de las personas que participen en distribución de los bienes o servicios que se comercializan bajo este método, consolidar la defensa de los consumidores y proteger el ahorro del público.

¿Qué plantea esa norma?

Varios aspectos. Uno de ellos es que la actividad estará  vigilada por la Superintendencia de Sociedades, de manera que toda entidad que se dedique al mercadeo multinivel tiene por obligación  entregar los documentos que la Super va a requerir para su vigilancia.

En segundo lugar, que la empresa tenga   página web en la que muestre las condiciones contractuales a que tiene derecho cada una de las personas que participan de  la venta multinivel.

En tercer lugar, si la empresa es extranjera tiene que  crear en Colombia una sucursal o sociedad filial para  realizar esa clase de operaciones.

Todas tendrán claro que la Super puede ordenar la suspensión inmediata de sus actividades  cuando no cumplan las disposiciones que señala la norma.  

¿Pero cómo se puede diferenciar una empresa de multinivel de una captadora de dinero, cuando en ocasiones tienden a parecerse?

Precisamente lo que hace el decreto,  a través de la Ley 1700 del 2013, que es la ley multinivel, es definir claramente lo que se considera multinivel y  qué resulta legítimo de las operaciones.

¿Cómo funciona una empresa que utiliza el  mercadeo multinivel y cómo se diferencia de una pirámide?

En una actividad multinivel lo que sucede en la práctica es que  el empresario contrata una red de vendedores y los remunera por vender sus productos.

Algo muy distinto es que una empresa le diga a una persona que si desea ingresar al negocio consigne ‘equis’ cantidad de dinero, pero que si consigue a más  personas que depositen  la misma cantidad de dinero, le reconocerán más plata. Esto es lo que caracteriza a una pirámide.

En una empresa multinivel, existe  un negocio subyacente que es remunerado por vender bienes o servicios. En la otra, la ilegal, la remuneración se da  por llevar gente con recursos.

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¿Cuántas nuevas empresas ilegales ya tienen en la mira este año?

Este año lo que queremos hacer es una vigilancia generalizada, y a partir del decreto montaremos un programa de fiscalización especial a todas aquellas empresas que practiquen el mercadeo multinivel, de tal manera que podamos hacer un seguimiento permanente.

Muchos colombianos consideran que al Gobierno le quedó grande el control de las  pirámides, ¿usted qué responde?

A simple vista parece que fuera así, pero el problema es que una pirámide puede montarse en cualquier esquina, en cualquier garaje, pueblo o ciudad. Y no es  fácil  detectar todas las operaciones ilegales de captación de recursos.

Usted entenderá que una actividad ilegal, que tiene tantas ramificaciones y que utiliza medios como el Internet, es muy difícil de controlar aquí y en cualquier parte del mundo.

Pero el Estado está haciendo un gran esfuerzo y de hecho el año pasado hicimos intervenciones importantes por altísimas sumas de dinero y logró controlar muchas de estas operaciones a través de sanciones severas.

De manera que,  por el contrario, el Estado ha sido muy eficiente en esta materia. Lamentablemente existe mucho incauto que cae  por los exorbitantes rendimientos económicos que ofrecen.

¿Qué balance puede hacer de los últimos procedimientos?

Son cifras muy significativas, millonarias. Desde el 2008, hasta el año pasado, desmantelamos no menos de 130 captadoras ilegales. Dichas entidades movieron por lo menos $5,6 billones de recursos del público. Son ahorros de  los colombianos incautos.

¿Además del reto que tiene con las pirámides, cuál  es su mayor preocupación? 

Resolver los grandes casos y procesos que  se están desarrollando, como los de Interbolsa y Conalvías, entre otros. Necesitamos avanzar significativamente en la protección de los acreedores y de los  afectados en la operaciones ilegales. Queremos resolver y cerrar esos casos. Esas es mi preocupación diaria porque son casos que tienen mucha trascendencia y que han dejado víctimas y afectados.

¿Por qué tanta demora en resolver lo de Interbolsa?

Mire, son tres casos los de Interbolsa. El primero es el Interbolsa  como comisionista de bolsa, que esta siendo liquidada por el Fogafín. El segundo es Interbolsa S.A., que es una compañía matriz del conglomerado  y que está siendo liquidada por la Supersociedades. Y el tercero es el Fondo Premium, que lo conforman  50 entidades entre personas naturales y jurídicas. Esa entidad también está siendo liquidada por nosotros.

¿Pero por qué no se ha resuelto. En otro país, como Estados Unidos, ya el caso se hubiera cerrado, no cree?

Se trata de un asunto que tiene una enorme complejidad. Hay personas en la cárcel vinculadas  a este caso y muchas otras  personas vinculadas a la Fiscalía.

El proceso avanza muy satisfactoramente a pesar de las dificultades y de la complejidad del proceso, pero  se va a terminar muy rápidamente, debemos cerrarlo  este año. En el primer  trimestre del 2016 ya tendremos cerrado los  casos que nos corresponden.

¿Pero cuando dice que esa es una de sus preocupaciones es porque  se seguirá extendiendo en el tiempo?

No, la preocupación es porque estamos trabajando todo  el tiempo en esto y necesitamos avanzar en el caso. Estoy  seguro que se va a culminar el proceso, sabemos que la labor que ha cumplido la Superintendencia a través de los liquidadores es muy eficiente, en especial  en la recuperación de activos. 

Creemos que se va a recuperar hasta donde  sea posible una suma significativa de dinero para resarcir a las víctimas,  aunque sea parcialmente.

Hay quienes no le creen a la Superintendencia, ¿usted qué les dice?

Que hay mediciones objetivas sobre la eficiencia  de los funcionarios. Que también hay mediciones sobre la  transparencia de las entidades  y la verdad es que les debo decir, con alguna modestia, que la Supersociedades fue reconocida el año pasado como la entidad del sector público  colombiano más  transparente del país. 

¿Crear empresa en el país sigue siendo una tarea compleja, por qué no se reducen más los trámites?

Nosotros hemos promovido la creación y la modernización de las leyes en el país en materia de creación de empresas en el país. Hoy somos uno de los países más avanzados en América Latina en la creación de compañías y en las sociedades por acciones simplificadas. Ahora lo que queremos es que esas sociedades se puedan crear en línea por Internet.

Tenemos gran interés en la creación de una ventanilla única nacional para la creación de empresas. La idea es que en un solo lugar y en poco tiempo se puedan hacer todos los trámites para la constitución de compañías.

De otra parte, le cuento que se han reducido los niveles de disolución de empresas en los últimos años. Otras se han reorganizado.

Las cifras de un negocio ilícito

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, los resultados de la vigilancia y control de las llamadas pirámides son elocuentes:

En el año 2008  la Super intervino 23 empresas que captaban dinero del público de manera ilegal. En ese año dichas entidades ilegales movieron $4,9 billones, entre ellas DMG.

En el 2009  fueron intervenidas 62 captadoras ilegales, que facturaron $154.000 millones.

En el 2010  se intervinieron 14 entidades, que movieron $210.000 millones.

En el 2011  fueron 8 empresas. En el 2012, 6. En el 2013, 10 entidades. En el 2014, una cifra similar y el año pasado fueron intervenidas 5 sociedades y 100 personas naturales.  Solo en el 2015, esas firmas movieron $246.000 millones.