La Superintendencia de Sociedades anunció el inicio formal del proceso de reorganización empresarial de la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A., mediante el Auto 2026-01-023551 emitido el 22 de enero de 2026.
La medida, adoptada bajo los términos de la Ley 1116 de 2006, busca estabilizar la situación financiera del club tras hallazgos de la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales.
Como promotor del proceso fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, auxiliar de justicia con experiencia en materia de insolvencia.
Esta intervención de oficio se produce tras verificar una cesación de pagos que, con corte al 31 de agosto de 2025, ascendía a $11.252 millones, cifra que representa el 50,40% del pasivo total de la institución.
El informe técnico revela incumplimientos superiores a 90 días con múltiples acreedores, incluyendo deudas fiscales con la DIAN y obligaciones con otros clubes deportivos. Asimismo, se detectaron deudas con proveedores y accionistas con moras que superan los 240 días, lo que activó las facultades de supervisión de la Superintendencia.
Estado financiero del club y plan de recuperación institucional
Pese a la crisis de liquidez, el Deportivo Pereira presenta un patrimonio positivo. Los activos de la sociedad, registrados al 30 de octubre de 2025, ascienden a $45.804 millones, mientras que sus pasivos totales se sitúan en $23.399 millones. Esta solvencia patrimonial sustenta la viabilidad de la reorganización frente a sus acreedores.
El plan de negocios propuesto por la compañía contempla ajustes deportivos y administrativos, el fortalecimiento de las divisiones menores y la gestión de nuevos patrocinadores.
Adicionalmente, el club busca optimizar los ingresos derivados de las taquillas, la publicidad y los derechos de televisión para sanear sus cuentas.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó que el fútbol profesional es un sector que genera empleos y tejido empresarial en las regiones. Según el funcionario, el objetivo es garantizar que los clubes cumplan sus obligaciones y mantengan su operación, protegiendo así a los trabajadores y acreedores del equipo.
Compromiso con la recuperación de empresas viables
La Superintendencia reafirmó su compromiso con la aplicación del régimen de insolvencia para preservar instituciones que son consideradas patrimonio deportivo del país. La entidad supervisará de cerca el cumplimiento de la Ley 1116 de 2006 y la Ley 2437 de 2024 para asegurar un proceso técnico y transparente para el equipo fundado en 2022.
El acompañamiento estatal pretende que el conjunto “matecaña” logre un acuerdo de pago con sus acreedores sin interrumpir su actividad en el Sistema Nacional del Deporte.
La reorganización se presenta como una herramienta de protección para empresas que, aunque viables por sus activos, enfrentan dificultades temporales en su flujo de caja.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.