Tres menores muertos dejó el reciente bombardeo militar desplegado contra las disidencias de las Farc en la zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare.
El informe oficial confirmó que las víctimas estaban cumpliendo funciones continuas de combate dentro del campamento de la estructura guerrillera al momento de la incursión.
La acción armada fue ejecutada durante la madrugada por la Fuerza Pública y tenía como objetivo principal neutralizar a la facción bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’.
El ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, precisó que entre los diez combatientes fallecidos se encuentran dos adolescentes de 15 años y uno más de 16 años.
A través de un comunicado oficial, el jefe de la cartera ministerial enfatizó la posición institucional frente al hallazgo de los cuerpos de los jóvenes en el lugar de las acciones.
“Debemos ser claros. El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al derecho internacional humanitario”, aseveró el alto funcionario.
Por su parte, los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal informaron sobre el progreso forense de los restos trasladados desde la zona del operativo militar.
La entidad detalló que se han logrado identificar plenamente nueve de los diez cuerpos ingresados a las sedes correspondientes para las labores de necropsia.
De las personas identificadas, las autoridades forenses confirmaron que cuatro corresponden a mujeres y cinco a hombres, incluyendo dentro de este grupo a los tres menores de edad.
Las investigaciones científicas continúan debido a que existe un cuerpo adicional que sigue en análisis especializado debido al avanzado estado en el que fue recuperado.
A pesar de los anuncios iniciales sobre la presunta caída confirmada de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias ‘Urías Perdomo’, su identidad no figura en los reportes forenses emitidos hasta la fecha.
Las autoridades ofrecían una suma de hasta 400 millones de pesos por este cabecilla, considerado la mano derecha de alias ‘Calarcá’ dentro de la estructura Rodrigo Cadete.
Frente a la gravedad de los hechos, el Gobierno nacional anunció la creación inmediata de una mesa de trabajo interdisciplinaria para abordar la crisis de reclutamiento forzado.
El Ministerio de Defensa colaborará con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para formular reformas legales de fondo.
Las medidas estatales contemplan la agravación sustancial de las sanciones penales existentes y la persecución directa a las redes encargadas de la captación de jóvenes.