La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), emitió un comunicado expresando su rechazo categórico a los recientes ataques sicariales contra integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de esta entidad carcelaria en distintas zonas del país.
El pronunciamiento, firmado por su presidente nacional Oscar Robayo Rodríguez, advierte que los homicidios de funcionarios constituyen una amenaza directa contra la seguridad del Estado.
Aunque la organización reconoció el respaldo expresado por el presidente de la República, el ministro de Justicia y el director general del Inpec, enfatizó que los pronunciamientos institucionales deben traducirse en medidas concretas, permanentes y verificables de protección.
Las cinco exigencias al Gobierno Nacional
Frente al contexto anterior, la UTP en su misiva ha puesto como énfasis cinco exigencias al Ministerio de Justicia para el refuerzo de la seguridad de los funcionarios del Inpec:
- Mayor presencia y control de la Fuerza Pública: Incrementar el patrullaje de la Policía Nacional en perímetros y vías de acceso a las cárceles, fortaleciendo así la inteligencia contra estructuras criminales.
- Dotación y protección personal: Garantizar la entrega oportuna de chalecos antibalas certificados, equipos de comunicación y medios de seguridad para toda la guardia según sus niveles de riesgo.
- Garantías reales para la labor: Implementar protocolos eficaces de protección y evaluaciones de riesgo que permitan ejercer la autoridad penitenciaria sin intimidaciones.
- Investigación y justicia: Pedir celeridad a la Fiscalía General de la Nación para identificar y juzgar a autores materiales e intelectuales de los atentados.
- Mesa Nacional de Seguridad Penitenciaria: Convocar de inmediato a los ministerios de Justicia y Defensa, Inpec, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y sindicatos para definir compromisos y plazos.
Como manera de conclusión, los miembros del sindicato enfatizan que deben garantizarse todas las condiciones de seguridad para poder seguir ejerciendo cada una de sus labores.
“La discusión fundamental no puede desviarse de lo verdaderamente urgente: proteger la vida, fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar condiciones dignas para el ejercicio de nuestra profesión”, concluyó el sindicato, cuestionando además de manera directa el uso político de la violencia en el sector y rechazando disputas o protagonismos entre organizaciones gremiales.
Cabe recordar que durante este fin de semana la Procuraduría General de la Nación emitió un pronunciamiento como rechazo al personal que labora en el sistema penitenciario tras el reciente ataque armado contra dos integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, quienes resultaron heridos cuando salían de su turno laboral.
El Ministerio Público insistió en la adopción de medidas inmediatas para proteger a los funcionarios amenazados y señaló que las instituciones responsables de la seguridad deben trabajar de manera articulada para responder a las intimidaciones y evitar que las organizaciones criminales interfieran en las decisiones estatales.
*Con información de Colprensa y redacción de El País