La Superintendencia de Sociedades sancionó con una multa de $100 millones a Álvaro de Jesús López Bedoya, representante legal del Deportivo Pereira F.C. S.A., por incumplir órdenes impartidas por esta autoridad de supervisión.

El Deportivo Pereira vive una crisis institucional tras las denuncias por incumplimientos de pagos y aportes de seguridad social a sus jugadores. | Foto: Ministerio de Trabajo / API

De acuerdo con la entidad, el directivo desatendió, entre otras instrucciones, la de abstenerse de reconocer en la contabilidad los derechos deportivos de 13 jugadores que no pertenecían a la sociedad, los cuales estaban registrados a 31 de diciembre de 2022 por un valor de $9.573 millones.

Asimismo, incumplió la orden que le prohibía participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión.

Para la Superintendencia, estas actuaciones se apartan del estándar de conducta exigido a los administradores y vulneran los principios de transparencia y confiabilidad de la información financiera.

Según el ente de control, el incumplimiento afecta la confianza de los usuarios en los estados financieros y compromete la veracidad de la información contable que debe presentar la sociedad.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que la misión de la entidad es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, y recalcó que los administradores están obligados a cumplir estrictamente los mandatos legales y las órdenes impartidas por la autoridad, especialmente en organizaciones con alto impacto público, como los clubes de fútbol profesional.

“Los administradores deben asumir con seriedad su responsabilidad frente a la información financiera, las partes de interés y el gobierno corporativo”, advirtió el funcionario.

La Superintendencia informó que Álvaro de Jesús López Bedoya podrá ejercer su derecho de defensa a través de los recursos de ley dentro de los plazos establecidos.

Finalmente, la entidad reiteró que continuará fortaleciendo la supervisión y la transparencia empresarial en el país, garantizando el debido trámite de las actuaciones administrativas bajo su competencia.