El proyecto de ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 no continuará su trámite en el Congreso luego de quedar por fuera de la agenda de discusión de la plenaria de la Cámara de Representantes antes del cierre de los tiempos legislativos. Así lo confirmó el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, autor de la propuesta, quien aseguró que la iniciativa pretendía favorecer a millones de ciudadanos reportados en centrales de riesgo.
La propuesta buscaba otorgar alivios temporales a personas con historial crediticio negativo que ya hubieran cancelado sus obligaciones financieras. Entre sus objetivos estaba facilitar la salida de bases de datos como Datacrédito y permitir que quienes pagaran sus deudas pudieran regresar más rápido al sistema financiero formal.
Según el proyecto, la medida buscaba ampliar los beneficios contemplados en la primera Ley Borrón y Cuenta Nueva, aprobada en 2021, y extender el régimen de transición para más usuarios. Además, planteaba reducir el tiempo de permanencia de reportes negativos, pasando de hasta cuatro años después del pago de la deuda a un máximo de seis meses.
El proyecto también contemplaba mecanismos de amnistía para quienes se pusieran al día con sus obligaciones financieras, beneficios para deudores del Icetex y medidas para disminuir barreras de acceso al crédito.
Tras conocerse el hundimiento de la iniciativa, Alejandro Ocampo cuestionó a la Mesa Directiva de la Cámara por no programar el debate del proyecto durante la legislatura. “Quiero contarle a la opinión pública colombiana que el proyecto de ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 se hundió en plenaria. Y se hundió porque la Mesa Directiva no quiso, desde agosto hasta la fecha, programarlo para discutirlo”, afirmó el congresista.
El representante también aseguró que detrás de la decisión existieron intereses del sector financiero. “La Mesa Directiva le jugó a la banca. Se le vendieron a la banca y hoy los colombianos, siete millones, seguirán siendo maltratados por Datacrédito”, manifestó.
De acuerdo con lo planteado en la propuesta, los beneficios estaban dirigidos principalmente a personas que hubieran pagado sus deudas dentro del tiempo establecido por la ley o antes de su entrada en vigencia. Además, las obligaciones debían pertenecer a entidades autorizadas y los beneficiarios no podían estar vinculados con fraudes o delitos financieros.
El proyecto también daba prioridad a obligaciones inferiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el propósito de ampliar el alcance de la medida sobre sectores vulnerables y ciudadanos con deudas de menor monto.