El presidente Abelardo De La Espriella ordenó la salida inmediata del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, tras conocer informaciones sobre presuntas conductas irregulares en el ejercicio de su cargo.
“He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que proceda de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento”, escribió este sábado en la red social X.
El presidente no especificó los hechos que lo llevaron a remover al funcionario, posesionado el 7 de septiembre pasado.
“En efecto, Presidente, se ha declarado insubsistente el nombramiento del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, ante la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de hace unos años llegaran a conocimiento de la Fiscalía”, expresó minutos después el ministro Lara a través de la misma red social.
En el momento de su nombramiento se hicieron públicos los reparos de la subdirección administrativa y financiera de la misma Dirección Nacional de Bomberos, que emitió concepto negativo sobre su perfil, por la falta de un título profesional y la experiencia necesaria de 25 años exigida por la ley para ocupar ese cargo.
Miranda también afronta un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República por un presunto detrimento patrimonial inicialmente estimado en $115 millones de pesos.
De La Espriella advirtió que la sola sospecha de anomalías operativas o administrativas constituirá causal suficiente para retirar a los servidores públicos de sus funciones, reiterando que promoverá las acciones legales correspondientes ante los organismos de justicia para sancionar severamente las faltas contra el tesoro y el servicio del Estado.
El jefe de Estado enfatizó que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier actuación que comprometa la transparencia en la gestión pública o la integridad de las instituciones oficiales.