La organización Transparencia por Colombia ha publicado un informe investigativo en el que hace un balance de la acción anticorrupción del Gobierno saliente de Gustavo Petro durante el periodo constitucional 2022-2026.
Cuatro años después del inicio de esta administración, el informe pone en perspectiva las promesas formuladas para enfrentar la corrupción con las acciones desarrolladas entre 2022 y 2026, y analiza los avances, desafíos y resultados de esta agenda en un contexto marcado por altas expectativas ciudadanas y nuevas iniciativas institucionales.
Según Transparencia por Colombia, la principal apuesta del Gobierno Petro fue la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. Esta terminó concentrándose en acciones puntuales y fragmentadas, algunas de ellas ya contempladas en el marco normativo vigente, pese a que tenía como objetivo orientar la acción del Estado con una visión de largo plazo en materia de transparencia e integridad.
“Durante este periodo también se impulsaron medidas como la reglamentación de los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, el Sistema Nacional de Integridad, la creación del Grupo de Transparencia del Sector Defensa y la Línea 157 para la recepción de denuncias. No obstante, aún es necesario evaluar el impacto real de estas iniciativas en la prevención y reducción de la corrupción”, advirtieron.
Aunque se avanzó en estrategias de protección para los denunciantes, los esfuerzos han carecido de continuidad y aún no se traducen en garantías efectivas para quienes denuncian hechos de corrupción.
En cuanto a materia de transparencia en la gestión pública, el informe destaca como positivo el inicio de la formulación de la Política Pública de Acceso a la Información, una deuda pendiente desde la expedición de la Ley 1712 de 2014.
“Aunque este proceso representó un avance importante para fortalecer el derecho de acceso a la información pública, la política no logró ser aprobada antes de finalizar el periodo de gobierno. Se resalta el fortalecimiento del Portal de Datos Abiertos y el acompañamiento técnico a entidades nacionales y territoriales, que permitió ampliar el uso y aprovechamiento de datos públicos”, afirmó.
Uno de los reconocimientos en contratación pública es la consolidación del uso de SECOP II y de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como la implementación de herramientas para la detección automática de riesgos en los procesos contractuales. Pero a la vez advierten que aún existen desafíos para fortalecer la transparencia, entre ellos la lenta migración de las entidades a estas plataformas, las deficiencias en la calidad de la información registrada y las limitaciones de interoperabilidad entre sistemas.
Otra debilidad fue la implementación de la Política Criminal Electoral, ya que hubo falta de continuidad de la coordinación interinstitucional y la ausencia de una actualización de esta política antes de finalizar su vigencia en 2025. Esta situación, según señala Transparencia por Colombia, redujo la capacidad del Estado para responder de manera articulada a riesgos como la financiación ilegal de campañas, la compra de votos y la injerencia de organizaciones criminales en procesos electorales.
Además, se destacaron las tensiones entre el Gobierno Petro y las autoridades electorales, luego de que el presidente Petro acusara de fraude sin mostrar pruebas.
“Este balance deja una lección clara: la lucha contra la corrupción no puede depender únicamente de la voluntad política de cada gobierno. Colombia necesita una política de Estado con liderazgo, continuidad y capacidades institucionales que trasciendan los periodos presidenciales. El principal reto para el próximo Gobierno será convertir las lecciones de estos cuatro años en reformas que generen cambios sostenibles y recuperen la confianza ciudadana”, sostuvo Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.