Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue trasladado este viernes a un centro asistencial tras presentar quebrantos de salud mientras se encontraba en su lugar de reclusión.
De acuerdo con la información inicial, López está estable. Por el momento no se han brindado detalles sobre las condiciones de salud que obligaron su traslado ni el centro asistencial en el que está siendo atendido por profesionales de la salud.
El traslado de López se realizó hacia la clínica Shaio, ubicada en el norte de Bogotá, donde fue ingresado para recibir valoración y atención especializada por parte del personal médico de turno.
Hasta el momento las autoridades no han divulgado detalles precisos sobre el diagnóstico definitivo ni sobre el tratamiento que se le está administrando, por lo que las versiones oficiales permanecen a la espera de los informes clínicos correspondientes.
Desde el entorno judicial y de la defensa se ha pedido prudencia hasta conocer los resultados de las evaluaciones médicas.
Este episodio de salud ocurre en medio de un proceso penal que tiene a López en condición de testigo y procesado ante la Fiscalía General de la Nación por irregularidades en la asignación de recursos y contratación en la UNGRD.
Asimismo, el exdirector se acogió a la figura de sentencia anticipada tras declararse culpable de los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, y actualmente el expediente se encuentra en la fase de individualización de la pena ante el Juzgado Cuarto Penal Especializado. La audiencia pública en la que se dará lectura a la sentencia definitiva fue programada por el despacho judicial para el próximo 14 de diciembre.
La defensa, liderada por el abogado José Luis Moreno, ha presentado ante el juzgado argumentos que incluyen la consignación de $724 millones de pesos, efectuadas entre enero y abril del año anterior, como parte de las devoluciones económicas relacionadas con el caso.
Con base en la aceptación unilateral de los cargos y en estas consignaciones, la representación legal solicitó formalmente una reducción del 50 % en el monto de la pena, petición que será evaluada en la etapa de individualización.
Paralelamente a las gestiones judiciales, la defensa ha elevado solicitudes de seguridad y ha planteado instancias internacionales. Entre las peticiones figura que el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad se disponga en las instalaciones del Batallón 13 de Caldas, argumentando riesgos para la integridad del procesado y denunciando la existencia de presuntas amenazas de muerte por parte de organizaciones al margen de la ley.
Además, la representación de López acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer denuncias sobre supuestas presiones e interferencias en el desarrollo de su situación jurídica.