La seguridad en el suministro de combustibles vehiculares vuelve a estar en el ojo del huracán tras una contundente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El ente de control impuso multas que superan los $1.600 millones contra la propietaria de una estación de servicio y un importante proveedor de gas natural, tras hallar que operaban en condiciones que ponían en riesgo la vida de los ciudadanos.
Las sanciones recayeron sobre Helena Reyes Monsalve, dueña de la estación Serviteca San Pedro Gas Natural Vehicular, con una multa de $84.285.600, y sobre Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. (Gasoriente), vinculada al Grupo Vanti, con una suma de $1.545.236.000. Ambas firmas habrían desacatado una orden expresa de la autoridad para detener el suministro de gas natural comprimido para uso vehicular (GNCV).
El origen de la investigación radica en la falta del dispositivo electrónico de identificación, comúnmente llamado chip de seguridad. Según la Resolución 40278 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía, este elemento es obligatorio para validar que el automotor cumple con las exigencias técnicas de conversión y mantenimiento, evitando explosiones o fugas durante el tanqueo.
La SIC fue enfática al señalar que este dispositivo no es un trámite formal, sino una barrera crítica para prevenir incidentes fatales. Al suministrar gas a vehículos no autorizados, la estación y el proveedor facilitaron una condición de operación peligrosa para operarios, usuarios y transeúntes, ignorando la trazabilidad técnica necesaria para manejar combustibles a alta presión.
Lo que agravó la situación jurídica fue el desacato. Pese a que la Superintendencia ordenó la suspensión inmediata de la comercialización, la estación continuó vendiendo el combustible y Gasoriente no interrumpió el abastecimiento mayorista. Esta inobservancia de una instrucción directa de la autoridad fue calificada como una falta grave contra el principio de responsabilidad.
Para el proveedor de gas, la sanción millonaria responde a su deber de custodia dentro de la cadena de abastecimiento. Al ser notificado de la irregularidad en la estación, Gasoriente debió adoptar acciones para hacer efectiva la interrupción del servicio, pero su omisión administrativa permitió que el riesgo para el entorno persistiera durante el tiempo de operación ilegal.
Esta alerta regulatoria ocurre en un momento de vulnerabilidad para el sector energético en Colombia. De acuerdo con informes recientes de la ANIF, el país enfrenta una coyuntura desfavorable donde la dependencia del gas importado ha escalado del 3% al 23% en 2026, con proyecciones que sugieren un déficit de oferta cercano al 39% para finales de este año.
La escasez del recurso y el aumento de los costos internacionales por conflictos en el Estrecho de Ormuz presionan la confianza del mercado. En este escenario de déficit, la SIC advierte que el cumplimiento de los reglamentos técnicos es una condición mínima e innegociable, pues el desespero por el suministro no justifica el sacrificio de la seguridad ciudadana.
La decisión, plasmada en la Resolución No. 28005 del 21 de abril de 2026, representa un fallo de primera instancia. Las empresas sancionadas tienen derecho a interponer recursos de reposición y apelación; sin embargo, el mensaje de la autoridad es claro, no se tolerará la operación de "empresas fantasma" en términos de seguridad regulatoria.
Con la caída de la producción nacional de gas en un 17,1% en 2025, la vigilancia sobre las estaciones de servicio se vuelve vital para evitar tragedias.