El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución que extiende por un año más el mandato de la Misión de Verificación en Colombia. Sin embargo, dos aspectos dejarán de ser objeto de su verificación: la justicia transicional y el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la medida implica que la Misión ya no tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las sanciones propias impuestas a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Pese a este cambio, la ONU aclaró que la Misión continuará verificando el cumplimiento de las disposiciones que siguen dentro de su mandato, manteniendo su compromiso con las autoridades nacionales, las comunidades y su presencia en los territorios.
Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó duramente, calificándola como una muestra de racismo y de desinterés por la verdad en Colombia.
“Que se quite el capítulo étnico, demostración de racismo, y la JEP, Justicia Especial para la Paz, muestra la displicencia del gobierno actual de los Estados Unidos con la verdad en Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Asimismo, atribuyó la decisión a intereses políticos y económicos de Washington, señalando que los aliados actuales de ese país en Colombia “son también aliados del narcotráfico y responsables del genocidio y la violencia”.
“Cuando lo importante no es la cocaína sino el petróleo, cambia la estructura de alianzas del gobierno de los Estados Unidos”, agregó Petro.
¿Qué dice la JEP?
La JEP anunció que se encargará de verificar el cumplimiento de las sentencias condenatorias impuestas a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La labor de monitoreo y verificación de la JEP se mantendrá mediante el Sistema de Monitoreo y Verificación de la Secretaría Ejecutiva y la Sección de Reconocimiento de Verdad. Este sistema propio fue consolidado a partir del trabajo técnico y la cooperación sostenida con la Misión de Verificación de la ONU durante años.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que la decisión de la ONU no afectará la vigilancia de las condenas.
“En la práctica, esta decisión no afecta el monitoreo y la verificación de las sanciones propias. Durante los últimos años, de la mano con la Misión, diseñamos un mecanismo riguroso que combina trabajo en terreno con tecnología avanzada para registrar información en tiempo real, mientras los comparecientes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas fijadas en las sentencias”, destacó Ramelli.