El Ministerio de Salud puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de presuntas graves inconsistencias administrativas detectadas en el proceso de destinación de fondos destinados a la red hospitalaria.
De acuerdo con las revisiones internas, se identificaron varios actos administrativos que superaron la disponibilidad financiera real que tenía la entidad en ese momento.
“Colombianas y colombianos, hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación posibles irregularidades en las decisiones administrativas mediante las cuales se asignaron recursos para hospitales públicos”, sostuvo la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria.
La anomalía principal radica en un desfase de $32.505 millones entre los dineros comprometidos y los fondos efectivamente certificados en las cuentas del Ministerio. Esta situación encendió las alarmas de las autoridades, al evidenciar una aparente falla en la verificación presupuestal previa al aval de los proyectos.
“La revisión identificó asignaciones que excedían en 32.505 millones de pesos el respaldo presupuestal disponible. Lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron esas decisiones y qué verificaciones se hicieron antes de expedirlas”, enfatizó la jefa de la cartera.
Las investigaciones señalan directamente un bloque de cinco resoluciones emitidas a mitad de año, las cuales comprometieron montos muy superiores a los recursos existentes. En total, las asignaciones pendientes sumaban $33.635 millones, frente a un saldo de apenas $1.129 millones registrados en el certificado de disponibilidad.
“Son cinco resoluciones expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026. Tenían asignaciones pendientes de registro presupuestal por 33.635 millones de pesos frente a un saldo disponible de apenas 1.129 millones de pesos en el certificado correspondiente”, detalló la funcionaria.
La denuncia formal ante el ente investigador incluye las copias de los actos administrativos y un concepto técnico del 25 de septiembre de 2026 que expone el hallazgo. El Ministerio de Salud reiteró su completa disposición para entregar todos los documentos requeridos en el marco de la investigación.
“Corresponde a la Fiscalía valorar estas pruebas, investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades. El Ministerio facilitará la información que sea requerida. Los recursos de la salud exigen decisiones sustentadas y responsables. La ciudadanía tiene derecho a conocer las explicaciones”, concluyó la ministra Vesga.
Por ahora serán las autoridades administrativas competentes quienes definirán si las denuncias tienen las pruebas para compulsar copias al campo judicial si se detectan delitos contra las finanzas del Estado.