La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, anunció la derogación de la resolución que delimitaba 10 Distritos Mineros Especiales en Colombia, una decisión que modifica el marco normativo de estas zonas destinadas al desarrollo minero. El anuncio implica que los territorios establecidos como distritos con reglas especiales quedan sin ese respaldo legal hasta que se expida una nueva norma.
“Es una decisión de futuro y no afecta los derechos de los ciudadanos. Era contradictorio llamarlos distritos mineros y no poder aprovechar la minería, la ley que quería organizar el territorio pero limitó la minería y la exploración e inversión cayó”, afirmó.
El anuncio de la Ministra hace parte de la hoja de ruta del Gobierno de Abelardo de la Espriella para reactivar y fortalecer el sector minero, que en los últimos cuatro años ha registrado una contracción en varios de sus principales indicadores.
Durante un encuentro con representantes de la industria, la ministra de Minas y Energía, Arboleda, aseguró que la recuperación del sector requiere un trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y las comunidades.
“Tenemos que trabajar juntos entre un Estado que defina reglas, brinde estabilidad y remueva obstáculos; la empresa que cumple un rol de inversión; y la comunidad que pone el territorio cuando ve la prosperidad. Nuestro propósito es que ser minero vuelva a ser un orgullo en Colombia”, señaló la Ministra.
Las cifras evidencian el desafío. La inversión extranjera directa en minería cayó de US$1.508 millones a US$178 millones, mientras que las regalías mineras disminuyeron 34 % entre 2022 y 2025. A esto se suma una reducción cercana a US$4.000 millones en las exportaciones durante el mismo periodo.
La apuesta del Ministerio de Minas y Energía no solo contempla recuperar la inversión, sino también avanzar hacia una mayor industrialización del sector. En ese sentido, Arboleda destacó que la minería tendrá un papel relevante en los próximos años y sostuvo que debe convertirse en un acompañante de la transición energética y productiva, y no en un obstáculo.
El planteamiento fue respaldado por Santiago Cardona, presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien aseguró que el crecimiento de la industria dependerá, en buena medida, de la articulación con el Gobierno.
“De la mano del Gobierno, se pueden movilizar US$4.700 millones en inversión extranjera y tener inversiones anuales del orden de US$500 millones, cuando hoy son solo de US$80 millones”, afirmó Cardona.
El dirigente gremial señaló que la hoja de ruta para los próximos cuatro años debe incluir el mantenimiento y respaldo a las operaciones mineras que actualmente funcionan en el país, así como la promoción y continuidad de nuevos proyectos de exploración.
A esto se suma, dijo, la necesidad de contar con un marco regulatorio estable y reglas claras que permitan a las empresas tomar decisiones de inversión a largo plazo.
Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, llamó la atención sobre la pérdida de competitividad de Colombia frente a otros países de la región. Según explicó, actualmente la participación de la inversión extranjera destinada a minería en el país es de apenas 1,5 %, frente al 50 % de Chile, 30 % de Perú y 53 % de Argentina.
Nariño consideró que el nuevo Gobierno deberá concentrar esfuerzos en recuperar la seguridad jurídica y mejorar las condiciones para la inversión.
“Algunas de las tuercas que el nuevo Gobierno debe apretar son el restablecimiento del orden jurídico, la seguridad en los territorios, con la revisión del panorama de la ilegalidad, y una aproximación estratégica del Estado a la minería”, sostuvo.
Así, el sector plantea que la recuperación de la minería pase por más inversión, exploración, seguridad en los territorios y estabilidad regulatoria, con el objetivo de volver a posicionar a Colombia como un destino atractivo para los capitales mineros.