El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, hizo un llamado al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para reunirse y debatir el futuro del Tribunal.
Esto se dio luego de que De la Espriella calificara a la JEP de ser un “disfraz” que utilizan los exguerrilleros y firmantes para quedar impunes.
“Nosotros estamos prestos a hacer una reunión con el nuevo gobierno, con el equipo que el señor presidente electo designe, y creo que esa es la lógica de la jurisdicción, de un diálogo constructivo, respetuoso, dentro del marco de nuestras competencias y la autonomía judicial”, señaló el magistrado.
Frente al futuro de la JEP, Ramelli aseguró que el Tribunal tiene un “blindaje nacional e internacional”, señalando que desde el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional “han rodeado a la Jurisdicción”.
Incluso, en medio de las críticas del presidente electo, advirtió que varios firmantes sí podrían terminar en la cárcel si no reconocen su responsabilidad en el conflicto armado en Colombia.
“Es que también hay cárcel. La cárcel es para aquellos que no reconocen responsabilidad, que no aportan verdad y que son derrotados en un juicio”, agregó.
No obstante, señaló que las advertencias del alcalde electo de enviar a la cárcel es desconocer la Constitución y los acuerdos alcanzados en 2016.
En sus declaraciones llevadas a cabo este martes en la conmemoración de los diez años del acuerdo de paz, el presidente de la JEP reiteró que el permiso otorgado a Rodrigo Londoño a España está regulado en la ley 1820, el cual se pidió antes de la segunda vuelta presidencial bajo todos los requisitos necesarios.
Por su parte, la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, resaltó la importancia de preservar los avances en la reincorporación de las y los firmantes de paz y garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final como una garantía de no repetición del conflicto armado.
Por medio de un video, Miller señaló que “el Acuerdo de Paz es un acuerdo de Estado, no de gobierno”, por lo que advirtió que el cumplimiento del mismo hace parte del bloque de constitucionalidad de este país y “no puede ser capricho de un gobernante cumplirlo o no cumplirlo”.
La funcionaria explicó que dicho acuerdo es una responsabilidad legal, jurídica y constitucional, destacando que el 85% de los y las firmantes del Acuerdo de Paz siguen comprometidos con la paz, con la democracia, con la vida civil.
En ese sentido, puntualizó que desde la ARN se encuentran trabajando con los excombatientes en sus procesos educativos, en sus proyectos productivos, en sus procesos de formación de liderazgo social y político.
“Es nuestra responsabilidad como Estado, como sociedad, que se cumpla con la palabra empeñada, que se cumpla con lo pactado y que puedan seguir adelante en su proceso de reincorporación. Este es el gobierno que más le ha cumplido al Acuerdo de Paz”, puntualizó.
Finalmente, Miller declaró que no solo se avanzó en la reforma agraria, sino que también en los procesos de reincorporación, particularmente en el acceso a la tierra, a la vivienda, a los proyectos productivos de los y las firmantes.
“Este proceso de reincorporación debe continuar, porque es justamente la garantía de la no repetición de la guerra", concluyó.
*Con información de Colprensa.