De acuerdo con el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, llegan 25 cuestionados al Senado.

La mano negra de los grupos ilegales en el Congreso de la República parece que aún no termina y, según algunos centros de investigación, en las elecciones del pasado domingo se habría elegido la tercera generación de los herederos de la parapolítica en Colombia.En efecto, al hacer el ejercicio de cruzar los candidatos elegidos para el Senado con el mapa de riesgo de candidatos que presentó la Fundación Paz y Reconciliación dirigida por el politólogo León Valencia, se tiene que 25 de esos candidatos lograron llegar a la alta corporación en estos comicios.De esta cifra, 8 de los elegidos recibieron el aval del Partido de la U, 7 del Partido Conservador, 4 de Opción Ciudadana, 2 del Partido Liberal, 2 del Centro Democrático y 2 de Cambio Radical.Lo anterior querría decir que el 25 % del Senado estaría integrado por personas relacionadas con grupos al margen de la ley o con familiares y amigos que han tenido ese tipo de vínculos. Como dijo Valencia, “son herederos de la parapolítica y representan los clanes políticos que alcanzaron a ocupar 35 % de las sillas del Congreso durante los últimos años”. A todas luces, el fenómeno se ha reducido un 10 %, pero aún no desaparece.Lo que está ocurriendo, según el analista, es que “cambian los nombres de los candidatos, pero los apellidos son los mismos, hay relevo en algunas candidaturas pero las fuerzas que lo respaldan y controlan son las mismas”.De hecho, muchos de los elegidos son hijos, hermanos o esposas de ex congresistas cuestionados por haberse hecho elegir en el pasado con el apoyo de grupos armados al margen de la ley.Como lo dijo Ariel Ávila coordinador de la investigación de la fundación, son amigos cercanos de quienes se aliaron antes con ‘paras’ o narcotraficantes para hacerse elegir, por lo cual fueron procesados y condenados por la justicia.La investigación señaló que para estas elecciones de Congreso había 131 candidatos que estarían siendo apoyados por grupos al margen, de la ley.Para el caso del Valle, según el informe, detrás de la elección de Roosvelt Rodríguez, quien sacó la mayor votación del Partido de la U en el Valle del Cauca, está la ex senadora Dilian Francisca Toro, procesada por presunto lavado de activos. Entre tanto, a Édison Delgado, del partido Liberal, se le relaciona con Yaír Acuña, acusado por parapolítica en Sucre y con Moisés Orozco Vicuña, cuestionado abogado de Yumbo.En la misma lista de elegidos aparecen apellidos conocidos como el del conservador Samy Merheg, hermano del ex senador risaraldense Habib Merheg, a quien se le dictó orden de captura por parapolítica. Y Teresita García Romero, heredera de la estructura política de su hermano Álvaro ‘El Gordo’ García, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo.Resultó elegido, con la mayor votación del cuestionado partido Opción ciudadana, que reemplazó al PIN, Nerthink Mauricio Aguilar, hijo de el ex gobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado a 9 años  por sus relaciones con el Bloque Central Bolívar de las autodefensas. Y Alfredo Ramos Maya, hijo del ex senador Luis Alfredo Ramos acusado de tener nexos con paramiliares en Antioquia.Un mercado de avales dudosos Para estas elecciones, según la investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación, la ‘lista negra’ de candidatos estaba encabezada el Partido Liberal que otorgó 24 avales dudosos. Le siguieron el Partido Conservador con 20 avales, el Partido de la U con 18, Cambio Radical con 13, Opción Ciudadana con 14 y el Centro democrático que le otorgó el aval a 5 candidatos relacionados con parapolíticos. De estos 94 avales, finalmente 24 lograron llegar al Senado.Aunque muchos de los beneficiados con esos avales no tienen una investigación judicial en su contra, sí se les cuestiona el hecho de beneficiarse de una herencia traducida en fortines políticos que han construido familiares o antecesores suyos con apoyos al margen de la ley.