La creciente actividad minera, tanto legal como ilegal, en diferentes municipios del Macizo Colombiano volvió a encender las alarmas entre organizaciones sociales y habitantes del sur del Cauca, que denuncian un deterioro progresivo de las fuentes hídricas y de los ecosistemas que hacen parte de una de las reservas de agua más importantes del país.
La advertencia fue realizada por Guido Rivera, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y coordinador de la Red de Derechos Humanos en el Cauca, quien señaló que las comunidades de municipios como Almaguer, Bolívar, Santa Rosa, La Vega y Patía vienen manifestando su preocupación por el avance de explotaciones mineras que, según denuncian, estarían generando impactos sobre ríos y quebradas que abastecen de agua a miles de familias.
Uno de los casos que más inquieta a las comunidades corresponde a la mina El Ruiz, ubicada en el municipio de Almaguer. De acuerdo con Rivera, el título minero fue otorgado para desarrollar actividades artesanales; sin embargo, habitantes del sector aseguran que en el lugar se estaría utilizando maquinaria pesada, situación que presuntamente estaría afectando los ríos Ruiz y San Jorge.
A esta situación se suma la denuncia sobre una explotación minera ilegal en la vereda El Jordán, donde las labores extractivas estarían comprometiendo la calidad del río Marmato, una fuente hídrica estratégica para varios acueductos rurales que suministran agua a cerca de 13.000 habitantes del municipio.
Ante estas denuncias, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), la Defensoría del Pueblo y representantes de las comunidades iniciaron visitas técnicas para verificar las condiciones ambientales en las zonas señaladas. Durante las inspecciones se revisan posibles incumplimientos en los planes de manejo ambiental y se realizan análisis de las aguas para establecer el impacto de la actividad minera.
El dirigente social también afirmó que existen reportes sobre la operación de retroexcavadoras y más de veinte dragas en sectores del río San Jorge. Según las denuncias recibidas por las organizaciones comunitarias, estas intervenciones estarían ocasionando procesos de erosión, pérdida de cobertura vegetal y modificaciones en el cauce del afluente, especialmente en una temporada en la que los niveles de agua son inferiores a los habituales.
Frente a este panorama, las comunidades preparan una audiencia pública con la participación del Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería, organismos de control y autoridades regionales, con el propósito de analizar la situación ambiental del Macizo Colombiano y solicitar medidas que permitan frenar la minería ilegal y garantizar la protección de las fuentes hídricas.
Rivera también manifestó su preocupación por el impulso que, a su juicio, ha tenido la actividad minera en algunos sectores. Aunque indicó que ha escuchado cuestionamientos dirigidos a funcionarios públicos, aclaró que no posee pruebas que sustenten una posible participación en explotaciones mineras, por lo que pidió que cualquier señalamiento sea investigado por las autoridades competentes.
Finalmente, el líder social aseguró que quienes defienden el territorio continúan enfrentando amenazas debido a los intereses económicos que rodean la extracción de oro de forma legal e ilegal. No obstante, reiteró que las comunidades seguirán promoviendo acciones para proteger el Macizo Colombiano bajo la premisa de priorizar la conservación del agua y la vida sobre cualquier actividad extractiva.