En conversación con El País, el Enviado Especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz, Adrianus Koetsenruijter, hizo un balance sobre la implementación del Acuerdo de 2016 y señaló que, aunque hay avances, los resultados no han alcanzado el nivel esperado en aspectos como la reforma rural, la seguridad y la reducción de economías ilegales.
Durante su visita en Cali, Koetsenruijter aseguró que “no es un secreto que el país no está totalmente en paz; al contrario, hay otra vez una movilización bastante fuerte de grupos ilegales con sus actividades dominando bastantes comunidades. La lucha contra la ilegalidad a nivel de la violencia y la actividad económica es todavía muy importante. Yo estoy, por eso, escuchando, sobre todo, hablando, dialogando”.
El diplomático explicó que uno de los principales rezagos está en la política agraria y las reformas rurales. “A pesar de tener avances importantes, nadie va a decir que es nada, pero no es bastante”, afirmó. Añadió que las alternativas económicas legales “no han realmente logrado desplazar a la ilegal”.
Avances en desmovilización y justicia transicional
Koetsenruijter destacó como logros el proceso de desmovilización y el trabajo de la Comisión de la Verdad. “Es excelente, incluso con la justicia transicional en este contexto, gente que admitió sus errores (…) Chapeau (me quito el sombrero), como dicen los franceses, un éxito, un ejemplo para el mundo entero”, señaló.
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), indicó que su diseño ha sido adecuado, aunque reconoció demoras en los resultados. “Creo que ha sido bien pensado, pero no ha logrado tener resultados rápidos. Sus primeras sentencias fueron solamente hace unos meses”, sostuvo. Agregó que, aunque esto puede ser comprensible por las garantías procesales, “para la población en Colombia no siempre es comprensible”.
En su análisis, subrayó que el ”proceso de paz no es algo que está escrito en el papel de un acuerdo; es la aceptación de la población de los resultados. Que la gente en la calle, en las comunidades, en las ciudades, pueda revisar que, efectivamente, el país es más seguro”.
Seguridad y economías ilegales, el mayor desafío
El Enviado Especial advirtió que la persistencia y diversificación de grupos armados ilegales continúa afectando la estabilidad en varias regiones. Señaló que “la presencia de grupos armados ilegales en la economía tiene efectos hasta nuestros países (europeos)”.
Indicó que ningún gobierno ha logrado resolver de fondo el problema. “Yo no creo que aquí cualquier gobierno pueda escapar al hecho de que las condiciones son como son”, afirmó, al mencionar que las economías ilegales operan en un mercado “más globalizado que cualquier otro mercado. No hay aranceles, no hay fronteras”.
Sobre el narcotráfico, sostuvo que se trata de una responsabilidad compartida. “Estamos confrontados con europeos, con americanos, con colombianos. (…) Ahí tenemos un desafío común del que no se puede escapar”.
Añadió que desde Europa se trabaja en cooperación judicial y de seguridad, así como en campañas de concientización sobre el impacto del consumo de drogas en los países productores.
Expectativas ante el próximo gobierno
Frente al escenario electoral en Colombia, Koetsenruijter afirmó que la Unión Europea trabajará con cualquier administración que resulte elegida.
“Nosotros podemos y debemos trabajar con cualquier gobierno de Colombia. Eso no es importante, es el país el que es importante”, dijo.
No obstante, reiteró que la implementación del Acuerdo de 2016, prevista a 15 años, “todavía es muy relevante” y contiene muchas de las respuestas necesarias en materia de justicia, economía y seguridad.
Apoyos económicos
En cuanto al apoyo concreto de la Unión Europea, la Oficial de Cooperación, Luisa Fernanda Gallo, explicó que actualmente se están iniciando dos proyectos de empleabilidad para la paz, cada uno por tres millones de euros.
Estos programas se desarrollan en alianza con fundaciones del sector privado y buscan generar empleo para personas en reincorporación, jóvenes vulnerables y comunidades de acogida.
Según precisó, los proyectos tendrán una duración de entre 3,5 y 4 años y deberán concretar al menos 415 empleos por consorcio, es decir, 830 empleos en total. Sin embargo, los operadores se fijaron metas superiores: “uno es de 1.100 empleos sostenibles (…) y otro es de 1.200”.
Gallo añadió que, al finalizar los proyectos, la Unión Europea evaluará el cumplimiento de las metas.