La magistrada María Claudia Rojas Lasso asegura que el proyecto de equilibrio de poderes se quedó corto en materia de justicia.

La presidenta del Consejo de Estado, magistrada María Claudia Rojas Lasso -como buena caleña-, habla sin rodeos. Su sentido crítico la lleva a concluir que el proyecto de equilibrio de poderes, que ya está en manos del Congreso, se quedó corto en materia de justicia.Dice que el Consejo Superior de la Judicatura no debe desaparecer sino que requiere una reingeniería profunda. Adicionalmente reconoció que la puerta giratoria y el esquema de ‘yo te elijo y tu me eliges’, no son lo mismo.¿Cómo ve el proyecto de equilibrio de poderes que el Gobierno radicó a manos del Congreso?Bueno, simplemente me referiría a la parte que tiene que ver con justicia y creo que el proyecto se queda corto en cuanto a la solución de los problemas más graves que tienen que ver con la oportunidad en la administración de justicia.¿Será que son solamente brochazos los que se dan con esta iniciativa?La verdad es que la justicia necesita muchísimas otras modificaciones que no están en ese proyecto.¿Qué tan conveniente cree que se haga un proyecto híbrido en el que se mezcla la política y la justicia?Creo que uno de los problemas que se ha criticado de la administración de justicia es su politización, por lo tanto no tendría sentido que se mezcle política y justicia.En su momento, el Procurador sancionó congresistas y estos perdieron sus investiduras. Se dice que él habría invadido la órbita del Consejo de Estado. ¿Cree que la propuesta contenida en la reforma de quitarle esta facultad sancionatoria a congresistas es viable?No, el Procurador ha ejercido la facultad disciplinaria que le ha dado la Constitución y el Consejo de Estado su facultad en materia de pérdida de investidura, cada cual en su campo.Pero, los exsenadores Piedad Córdoba y Eduardo Carlos Merlano, fueron sancionados y sacados del Congreso por el Procurador...No es que él haya invadido las facultades, sino que la Constitución actualmente permite que una misma conducta sea sancionada tanto penal como disciplinariamente, cada uno en su ámbito. Es decir, que cada quien en su ámbito. ¿Cómo ve la propuesta de acabar con la denominada puerta giratoria? Una cosa es la puerta giratoria y otra es el ‘yo te nombro para que tu me nombres’, son dos cosas distintas y creo que definitivamente lo que no tiene cabida, lo que es censurable es el de ‘yo te nombro, tu me nombras’.Pero el hecho de que una persona que ha ejercido muy bien su misión y función de magistrado de una Corte, que todavía está en edad productiva, que tiene la experiencia y sabiduría, pase a otra Corte, yo eso no lo veo censurable, no veo que eso se tenga que prohibir. Lo que sí se tiene que prohibir y, que quede muy claro, es el ‘yo te elijo, tu me eliges’.¿Será entonces que todo se está metiendo en la misma bolsa y se genera confusión en la opinión?Exactamente. A mí me da la impresión que sí se está generando confusión y se está confundiendo la puerta giratoria con el ‘yo te elijo, tu me eliges’.¿Lo que quiere decir es que un magistrado que cambie de Corte no lo ven como puerta giratoria?Para mí eso no es lo censurable, lo censurable es ‘yo te elijo, tu me eliges’.¿Está de acuerdo con la eliminación de la capacidad nominadora de las Cortes, como plantea la reforma?Pues creo que el constituyente del 91 buscó un equilibrio de poderes al dejar en manos de las altas Cortes ese tipo de elecciones. En ese momento se buscó un equilibrio de poderes que se está proponiendo eliminar en el nuevo proyecto de reforma, pero pienso que son más las cosas positivas que las negativas que se derivan de que las altas Cortes participen o intervengan, porque esa es una facultad que se ha ejercido con responsabilidad y de una manera muy cuidadosa. Esto se hace mediante el sistema de convocatoria pública, por méritos, así se ha hecho en el Consejo de Estado.Usted habla de elementos positivos en esta facultad nominadora, ¿cuáles son?En primer lugar, que equilibra los poderes, porque son elecciones que intervienen prácticamente las tres ramas del poder público; en segundo lugar, que las altas cortes, no voy a decir que los otros órganos no, pero las altas cortes por lo menos en lo que al Consejo de Estado respecta esa facultad se ha ejercido con responsabilidad y con mucho cuidado.En la lectura que tiene de la reforma ¿cree que sí se debe acabar con el Consejo Superior de la Judicatura?No sé si necesariamente acabarlo, pero sí hay que hacerle una reingeniería muy profunda.¿Será que la Judicatura ha sido muy estigmatizada?Diría que ha habido problemas reales de gestión, por eso pienso que hay que introducirle modificaciones sustanciales. No acabarlo.Magistrada, este proyecto va a iniciar su trámite, ¿ustedes van a participar activamente durante ese estudio y eventual aprobación?El Consejo de Estado no ha empezado el estudio de este proyecto de reforma que, entre otras cosas, todavía le están haciendo modificaciones. Pero, por supuesto, que el Consejo de Estado lo estudiará cuidadosamente y si es el caso hará las observaciones e incluso podrá presentar un proyecto de acto legislativo si fuere necesario.Hace un momento usted decía que le falta mucho a este proyecto, ¿esto significa que se requiere una reforma integral a la justicia?Cuando le digo que faltan muchas cosas lo que quiero decir es que en lo que respecta a la administración de justicia no puede considerarse una reforma a la Justicia, puesto que no soluciona los problemas reales. Y, ¿cuáles son esos problemas reales de la justicia?Fundamentalmente el problema de la gran congestión. El problema de la administración oportuna de la justicia que desconoce el derecho de acceso a la justicia.¿Usted es partidaria, en una eventual reforma, que se defina una corte de cierre para las tutelas y así evitar el choque de trenes?Lo que soy partidaria es que se debe hacer una modificación a la Acción de Tutela contra sentencias de órganos de cierre y éstos son la Corte Suprema y el Consejo de Estado y definitivamente sí hay que hacerle una modificación a lo que hay actualmente.¿Cuáles son las falencias de la justicia?Fundamentalmente la queja de todos los ciudadanos es la falta de oportunidad; la demora en los procesos judiciales y eso tiene que ver con la gran congestión. Ustedes tienen en sus manos la papa caliente de la reforma a la justicia. ¿En qué va el proceso?Primero tengo que aclarar que el problema no es la reforma a la justicia, lo que nosotros estamos estudiando es el decreto que convocó a las sesiones extras del Congreso para estudiar las objeciones. Lo que pasa es que se ha desinformado a la opinión pública mostrándole que el interés del Consejo de Estado es de revivir o no revivir la reforma y ese no es el punto. El punto es estudiar la constitucionalidad del decreto que convocó a extras. Ese es el asunto que nos ocupa y que está pronto a definirse.El Consejo de Estado tendrá un papel fundamental en la eventualidad que se firme el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. ¿Cuál es ese reto que van a enfrentar?El reto fundamental es apoyar la paz, pero por encima de todo defender la institucionalidad.Usted habla de institucionalidad, pero es un término que no traduce todo el mundo. ¿Qué significa defenderla?Cuando me refiero a la institucionalidad básicamente estoy hablando de nuestras instituciones democráticas. Colombia tiene una democracia, tiene una separación de poderes, una serie de instituciones que están consagradas desde el siglo pasado, tanto en la Constitución anterior como la presente y que tenemos que preservar. Tenemos un sistema de Gobierno, una República que tenemos que preservar por encima de cualquier consideración.Con la firma de la paz ustedes, como cabeza del Contencioso Administrativo, tienen un papel vital de vigilancia de las conductas de quienes van a aplicar todos los acuerdos, ¿cómo lo van a ejercer?La jurisdicción contenciosa Administrativa tiene la función de vigilar las actuaciones de la función pública y si las autoridades administrativas son las que tienen que aplicar las medidas, pues por supuesto tenemos que estar vigilantes de las actuaciones de la administración. Hay que mirar cada caso concreto y hay que mirar cuál es el fundamento constitucional y legal de las actuaciones de la administración.¿Qué tan difícil ha sido para usted estar en el cargo que ostenta a sabiendas que Colombia es un país machista?La dificultad no la he encontrado por el hecho de ser mujer, eso, la verdad, no me ha significado un problema. Las dificultades de ejercer un cargo de estos más bien radica en la complejidad de un país en el que estamos, en la cantidad de situaciones nuevas o que crean mucha expectativa, estamos en presencia de un posible proceso de paz, de problemas de la justicia. Aquí tenemos una constante necesidad de reformar la Constitución y a la ley, padecemos una reformitis aguda, siempre estamos pensando que todo lo estamos solucionando con normas y eso hace que necesariamente siempre tenga que estar uno preocupado de muchas cuestiones paralelas a la función que a uno le corresponde, que es de administrar justicia. Aquí no nos podemos sentar a administrar justicia tranquilos porque siempre hay una norma que reformar, porque siempre hay un problema nuevo que está atrayendo la atención.