Por Diego Arias, columna de opinión

Nunca es fácil, ni para las sociedades ni para los individuos, poner fin a una guerra o un conflicto y hacer la transición hacia la paz y la reconciliación. Se trata, casi siempre, de procesos complejos y de suyo incompletos. Pero la pregunta para estimar sus bondades es: ¿tenemos luego, como consecuencia de ese esfuerzo, una sociedad mejor?

De cara al Acuerdo de Paz de 2016, firmado con las antiguas Farc, las opiniones están divididas. Para unos se trata de un gran logro, pese a las dificultades en la implementación, que llevó a cerca de 14.000 hombres y mujeres combatientes a dejar las armas y asumir los desafíos de la legalidad, aun al costo de más de 500 de sus compañeros asesinados.

No obstante, otros creen que dicho Acuerdo es un rotundo fracaso, que no honró los derechos de las víctimas, algo que siempre fue enunciado en su momento como la centralidad del proceso, pero que tampoco ha podido materializar los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Los opositores a esa paz con la guerrilla más antigua del continente y la más fuerte de Colombia han utilizado una expresión controversial para referirse a ella: “Fue un acuerdo de impunidad”.

Son mencionados además distintos tipos de indicadores de incremento de la violencia, como los altos índices de homicidios y secuestros, la emergencia de las llamadas disidencias, el reclutamiento de menores de edad y la alarmante extensión de los cultivos de uso ilícito, para citar solo algunas problemáticas.

Lo anterior suele ser citado como prueba del “fracaso” tras la firma del Acuerdo del Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, pero una perspectiva de análisis objetiva, a la hora de hacer un balance, implica dar cuenta de qué exactamente puede ser atribuido y que no a ese tratado de paz.

El deterioro creciente del orden público y la seguridad son un buen ejemplo de lo anterior, dado que claramente eso es producto más de fallas en la implementación del Acuerdo durante el mismo gobierno de Juan Manuel Santos y los sucesivos de Iván Duque y Gustavo Petro, así como de aspectos mal concebidos y fallidos de la llamada Paz Total del mandato anterior.

Por supuesto, hay objeciones al Acuerdo de Paz que se refieren no a su implementación sino a su misma concepción, y esto resulta particularmente crítico respecto del tema de aplicación de la justicia y la participación en política de los firmantes de la paz de las Farc, asuntos que terminaron por fracturar el apoyo público al proceso y quedaron claramente expuestos con la victoria del No en el Plebiscito del 2016.

Pero, con todo y eso, incluidos aciertos y desaciertos, el gran interrogante para el Gobierno actual y el conjunto de la sociedad es: ¿qué es entonces lo que más conviene hacer en adelante?

No tengo duda de que siendo una paz que ya se acordó, lo más correcto y deseable es no solo cumplir dicho Acuerdo sino incluso, de buena fe, profundizar en su implementación. No tiene caso para el Gobierno aplicarse a controvertirlo o debilitarlo siendo jurídicamente parte del Bloque de Constitucionalidad y de estar plenamente vigentes obligaciones internacionales ante las Naciones Unidas y otras instancias, como garantía para su respeto e implementación integral.

Cabría si, mediando un acuerdo entre las partes, con apoyo público y el acompañamiento de la Iglesia Católica, países acompañantes y garantes y entidades internacionales, acordar en donde están las prioridades más urgentes y, eventualmente, concertar ajustes necesarios, pero siempre para mejorar.

¡La paz pactada sigue siendo la mejor paz posible!