El magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y relator del Caso 05, que investiga los hechos ocurridos en el sur del Valle y el norte del departamento del Cauca en el marco del conflicto armado, Raúl Eduardo Sánchez, aseguró a través de una columna que la JEP heredó una Colombia con elevadas tasas de impunidad.
“Colombia es un país que, desde hace más de 50 años, ha estado inmerso en un conflicto armado. Como todos los conflictos, este ha producido destrucción, muerte, atraso y dolor para la sociedad. Aunque la violencia no cesa, hemos emprendido distintos procesos de transición hacia la paz”, escribió el magistrado.
“Esa búsqueda ha sido compleja desde el punto de vista social y político, y costosa en términos de tiempo y recursos. Muchas veces estos esfuerzos parecen flaquear. Sin embargo, Colombia no está sola: toda transición hacia la paz exige mecanismos de justicia capaces de investigar los crímenes más graves, establecer responsabilidades, garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la construcción de paz”, asegura en el escrito.
“La experiencia comparada así lo demuestra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados aliados se embarcaron en la tarea de reconstruir Europa y desnazificar Alemania. Ese proceso aún continúa y todavía se conocen procesos penales contra antiguos miembros del régimen nazi que, siendo jóvenes, actuaron como guardias en los campos de concentración.
La justicia transicional también ha enfrentado enormes retos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda, donde aún persisten profundas enemistades políticas y étnicas entre quienes alguna vez fueron enemigos en la guerra. La lección es clara: después de cada conflicto surge un tribunal encargado de hacer justicia.
La JEP avanza con resultados visibles en todas sus salas y secciones. A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha emitido 25 autos de determinación de hechos y conductas en los que ha imputado responsabilidad a 337 personas.
Por su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha concedido más de 607 renuncias a la persecución penal y la Sala de Amnistía o Indulto ha otorgado 1130 amnistías. A su vez, la Sección de Reconocimiento de Verdad ha proferido dos sentencias, ambas confirmadas por la Sección de Apelación.
En paralelo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) ha proferido dos sentencias condenatorias y avanza en otros cuatro procesos. Estos se han desarrollado en menos tiempo que los de la justicia ordinaria gracias, entre otras razones, a la agilización de las audiencias preparatorias mediante un sistema de traslados previos y a la eliminación de trámites innecesarios.
Como parte de su función judicial, la SAR ha contribuido a la reparación de las víctimas mediante la entrega digna de los restos de 153 personas dadas por desaparecidas y actuaciones esenciales para la memoria histórica, relacionadas con La Escombrera, el Palacio de Justicia y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En Colombia se ha difundido una comprensión errada de la JEP como un tribunal de impunidad que otorga beneficios a personas condenadas. Esa percepción desconoce que la gran mayoría de los casos que conoce la Jurisdicción no contaba con sentencia previa. La Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Transparencia han reconocido que la impunidad en el país supera el 90 %.
En la misma línea, la Corporación Excelencia en la Justicia reveló que el 93 % de las denuncias penales no avanza más allá de la etapa de indagación y que el 81,9 % termina archivado. Estas cifras son aún más preocupantes en los territorios afectados por el conflicto, donde la práctica de inspecciones judiciales y levantamientos de cadáveres es especialmente compleja.
Por ello, la JEP no es un sistema de beneficios, sino un sistema de investigación y juzgamiento de crímenes que, mediante la metodología de macrocasos, permite tramitar en un solo proceso miles de hechos. El antiguo Secretariado de las Farc-EP fue condenado en una sentencia que abarca 21.396 secuestros, algo que en la justicia ordinaria habría requerido cientos de procesos, con la alta probabilidad de que en muchos de ellos no se hubiera hecho justicia.
En el Caso 07 se imputaron 18.677 hechos de reclutamiento de niñas y niños, mientras que en el Caso 03 se investigan 7837 hechos relacionados con los denominados ‘falsos positivos’. A ello se suman los casos territoriales, en los que se han documentado centenares de crímenes que nunca antes habían sido abordados por la justicia ordinaria.
La eliminación de la JEP tendría graves consecuencias. El Derecho Internacional Humanitario prevé que las partes en un conflicto armado puedan llegar a acuerdos especiales para poner fin a las hostilidades o humanizar sus efectos. El Acuerdo Final es, precisamente, uno de ellos. En consecuencia, acabarlo o minarlo, particularmente en su componente de justicia, para el cual fue creada la JEP, implicaría un incumplimiento flagrante de las obligaciones derivadas del DIH.
Si a la JEP se le impidiera cumplir su mandato, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendría vía libre para reabrir el examen preliminar sobre la situación de Colombia e iniciar investigaciones formales contra quienes hubieran participado en la comisión de crímenes internacionales, ya fueran combatientes, terceros civiles, políticos o empresarios.
La JEP no solo trabaja para ponerle fin a la impunidad, sino que también busca hacer justicia mediante un modelo restaurativo que contribuya a la verdad, la reparación, la reconciliación y la no repetición, para que Colombia pueda dejar definitivamente atrás la lógica de la guerra. Sin embargo, todavía hay quienes prefieren ignorar la verdad y el sufrimiento de las víctimas".