La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra nueve exintegrantes de las Farc-EP del Comando Conjunto Central por hechos que afectaron a la población civil y a integrantes de la fuerza pública de Tolima, Huila y Quindío.
Los imputados son: Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’; Henoc Capera Trujillo, alias ‘Giovanni’ o ‘Giovanni Castro’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando Pipas’; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’ o ‘Donald Ferreira’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, alias ‘Gonzalo’; Wilson Ramírez Guzmán, alias ‘Teófilo González’; Víctor Hugo Silva Soto, alias ‘Erick’ o ‘El Chivo’ y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.
Estas personas fueron procesadas por crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, ejecuciones sin garantías judiciales, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal y ataques dirigidos contra la población civil y/o hospitales, escuelas e iglesias.
Además, son señalados de destruir o apoderarse de bienes del enemigo, asesinar o herir a la contraparte fuera de combate, así como por saquear, matar o herir a través de engaños y usar minas antipersonales.
La JEP reiteró que la mayoría de ellos tenía liderazgo regional para poder decidir sobre lo que hacía esta estructura y mando sobre la tropa, la cual tenía presencia en dos subregiones: Cordillera Central, en el suroccidente, centro y norte del Tolima, con proyección hacia el Quindío y la Cordillera Oriental, en el norte del Huila, suroriente del Tolima y una pequeña área del Sumapaz.
El alto tribunal señaló que el Comando Conjunto Central operó bajo dos patrones macrocriminales, en el que predominó “el patrón de control social y territorial”, donde “impuso normas de convivencia y ejerció represalias contra quienes se oponían, por ejemplo, al pago de extorsiones y al reclutamiento”.
Además, informó que el grupo criminal despojó de sus bienes a personas que poseían predios ubicados en sectores de importancia estratégica, militar o económica y reveló que en algunos casos, reasignó o entregó dichos predios a simpatizantes de la guerrilla.
Y referente a la otra modalidad, identificó una conducción de hostilidades, donde desarrolló acciones armadas que afectaron a la población civil y a miembros de la fuerza pública a través de tomas, hostigamientos, combates, emboscadas, minados y otras operaciones.
“Durante las tomas y hostigamientos utilizó cilindros bomba y otras armas de baja precisión en zonas pobladas. Además, incendió y destruyó viviendas, minó vías de acceso, atacó redes de telecomunicaciones e infraestructura energética y provocó el desplazamiento forzado de la población”, detalló la JEP.
Entre los casos registrados por el tribunal están:
La toma de Puerto Saldaña, Rioblanco (Tolima) – 1 de abril al 8 de mayo de 2000: donde miembros de las extintas Farc-EP fueron señalados de quemar cerca de 200 viviendas, destruir el centro de salud del corregimiento y templos de la zona. Por estos hechos, alrededor de 3.700 personas se desplazaron forzosamente.
La toma de Roncesvalles (Tolima) – 14 de julio de 2000: Los frentes 21 y 50 son responsables del ataque a la estación de Policía y otros lugares del pueblo con cilindros bomba y morteros. Allí fueron asesinados 13 policías que se habían rendido. Adicional, este grupo es acusado de destruir 30 viviendas, la sede de la Caja Agraria, un supermercado y una sede de Telecom. Como resultado, 779 personas se desplazaron.
Masacre de cinco jóvenes en Chorro Nealí - Anzoátegui (Tolima) – 1995: Un grupo de jóvenes que regresaban de un paseo fue interceptado por integrantes del Frente 21, quienes los torturaron y asesinaron, tras confundirlos con integrantes de la fuerza pública debido a su corte de cabello.