Las autoridades continúan avanzando en la investigación del caso que generó alarma en el norte de Bogotá tras la denuncia de vecinos que alertaron sobre una posible situación de abuso infantil en un apartamento ubicado en el sector de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén.
En medio de las diligencias adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Procuraduría General de la Nación, se conocieron los primeros resultados de las valoraciones practicadas a los tres menores de edad que fueron encontrados en el inmueble.
De acuerdo con información divulgada por el ICBF, las evaluaciones preliminares realizadas por los equipos médicos no evidencian señales de violencia física en los niños. Sin embargo, la entidad aclaró que las investigaciones continúan y que los análisis especializados deberán ser complementados con los dictámenes periciales y forenses que adelantan las autoridades competentes.
El caso salió a la luz luego de que residentes del sector reportaran una situación que consideraron sospechosa al interior de un apartamento de alquiler temporal. Tras el llamado ciudadano, uniformados de la Policía acudieron al lugar y realizaron una intervención que derivó en la protección de los menores y en la retención de un ciudadano extranjero mientras avanzan las verificaciones judiciales.
Según la información conocida hasta el momento, en el inmueble se encontraban tres menores de edad, de 15, 7 y 4 años, quienes quedaron bajo protección institucional mientras se desarrolla el proceso de restablecimiento de derechos.
Los tres hermanos estaban bajo protección estatal y formaban parte de un proceso de adopción internacional gestionado por Instituciones Autorizadas para adelantar el Programa de Adopción (Iapa).
El ICBF señaló que los niños permanecen acompañados por equipos especializados de Defensoría de Familia encargados de garantizar su atención integral y seguimiento permanente.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación anunció la designación de una agencia especial en asuntos de familia y de un procurador penal para realizar seguimiento a todas las actuaciones derivadas del caso. El Ministerio Público también informó que revisará el cumplimiento de los protocolos aplicados durante el proceso de adopción de los menores y la actuación de las instituciones involucradas.
Las autoridades han insistido en que, pese a los resultados preliminares conocidos hasta ahora, la investigación permanece abierta y no se han emitido conclusiones definitivas sobre los hechos denunciados.
De manera paralela, los menores fueron sometidos a entrevistas y valoraciones especializadas dentro de los protocolos establecidos para este tipo de casos.
Los informes finales permitirán a la Fiscalía contrastar los testimonios, los hallazgos médicos y los demás elementos de prueba recopilados durante la investigación.