Las comunidades indígenas del municipio Caldono, en el norte del Cauca, volvieron a hacer frente a los grupos armados ilegales en su territorio.
La tarde de ese viernes 9 de octubre de 2026, la Guardia Indígena detuvo en zona rural del municipio a integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco. Les retuvo los vehículos en los que se movilizaban y, según reportes de la zona, los obligó a salir del territorio.
La Asociación de Cabildos Ukawe’sx Nasa Çxhab, que agrupa a las autoridades ancestrales del territorio Sa’th Tama Kiwe, confirmó los hechos en un comunicado de prensa, el cual llegó a las cuentas de los periodistas del surocidente del país.
Según el comunicado, hacia las 5:00 de la tarde las autoridades y los Thuthesawe’sx de la asociación recibieron un aviso: hombres de la Dagoberto Ramos estaban circulando por la zona. En ese momento, la Guardia Indígena volvía de un recorrido de control y encontró al grupo armado en la vereda 20 de Julio.
Los guardias hicieron de inmediato el control territorial y retuvieron dos camionetas, una Toyota blanca y una Nissan 4x4, y dos motocicletas de alto cilindraje.
Los vehículos quedaron en poder de las autoridades indígenas. Ellas revisarán si son legales y, si no cumplen los requisitos, los entregarán a las autoridades judiciales competentes.
Las autoridades Nasa explicaron que actuaron con base en la Resolución 003 de 2024. Esa norma propia prohíbe a cualquier grupo armado recorrer el territorio, y en especial sus vías y centros poblados.
Para los cabildos, la presencia de estos grupos viola los derechos humanos y la ley de origen. También la consideran una ofensa a la autonomía de las autoridades y del territorio, que altera la tranquilidad de las comunidades.
El pronunciamiento lo firman las autoridades de los resguardos La Laguna Siberia (Ikh Tu’kh), Las Mercedes (Kweth Ki’na), Pueblo Nuevo (Khwenxa Cxhab), San Lorenzo de Caldono (Uswal Cxhab), Pioya (Pel Cxhab) y La Aguada San Antonio (Pizx Ukwe). Todos denunciaron que la presencia armada es “una amenaza grave” para su estructura organizativa.
Tras lo ocurrido, la Asociación de Cabildos se declaró en alerta máxima. Anunció que reforzará los controles territoriales a través de sus autoridades y de la Guardia Indígena, Kiwe Pu’yakhsa, para cuidar a la comunidad.
Los cabildos culparon directamente al frente Dagoberto Ramos de cualquier atentado, amenaza, hostigamiento o acto violento contra la vida, la integridad física o psicológica o los derechos fundamentales de sus autoridades.
Además, rechazaron “categóricamente” cualquier intento de intimidar a las familias o de impedir el ejercicio de la autoridad ancestral y el gobierno propio.
Las comunidades pidieron a los organismos de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo y al Gobierno Nacional que vigilen y verifiquen de forma permanente la situación de riesgo en el territorio, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario. El objetivo es que se tomen medidas de protección oportunas para salvaguardar la vida, la autonomía y la pervivencia física y cultural del pueblo nasa.
“La vida de las autoridades, la guardia indígena y la comunidad debe ser protegida. El territorio exige justicia, respeto, garantías y paz”, concluye el comunicado.